Un grupo armado intenta destruir los archivos de ProBúsqueda, que guardan los datos de 1.200 menores desaparecidos
Documentos dañados durante el ataque a ProBúsqueda, ocurrido la madrugada de este jueves en San Salvador. / Roberto Escobar (EFE)
La radio y la televisión salvadoreñas informaban desde las primeras horas de este jueves de una noticia que golpeaba en seco. La oficina de la organización humanitaria ProBúsqueda —dedicada a localizar a los niños desaparecidos durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992)— había sido atacada: su sede y algunos de sus archivos habían sido incendiados. El presidente Mauricio Funes y el procurador de Derechos Humanos, David Morales, repudiaron lo ocurrido y prometieron llevar a los culpables ante la justicia.
“Eran como las cuatro de la madrugada cuando uno de los empleados de la oficina me dijo: ‘Abre la puerta, viejito…’”, relató el vigilante de ProBúsqueda, que explicó que, al abrir el portón, tres hombres armados irrumpieron en el lugar, le quitaron su escopeta, lo tiraron al suelo y lo amarraron. La misma suerte corrieron otros dos empleados: uno al que los delincuentes amenazaron para entrar en la oficina y otro que estaba en su interior.
Acto seguido, los atacantes rociaron de gasolina varios archivos y muebles y les prendieron fuego. Se llevaron algunos ordenadores y abandonaron a los empleados, que consiguieron liberarse antes de que les alcanzara el incendio. Intentaron apagarlo antes de que llegaran los bomberos.
ProBúsqueda fue fundada en 1994 por el jesuita de origen español Jon Cortina, ya fallecido. La organización ha localizado a más de 300 menores de edad, algunos de los cuales residen en el extranjero porque fueron dados en adopción, en ocasiones de forma ilegal.
El procurador Morales, visiblemente consternado, aseguró que le preocupaba mucho esta situación porque tenía las características de las acciones del pasado, de antes y durante la guerra civil. Acciones propias de la guerra sucia que desataron escuadrones de la muerte de ultraderecha que asesinaban sistemáticamente a los opositores de los gobiernos militares dictatoriales.
Ester Alvarenga, una de las directoras de ProBúsqueda, aseveró que “tenemos sospechas de sectores interesados” que han cometido este acto, pero las autoridades deben investigar “porque es un atentado y un sabotaje… No podemos culpar a nadie, pero tenemos sospechas de dónde puede venir”.
Gracias a las investigaciones de Probúsqueda, el Estado salvadoreño ha sido sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en dos ocasiones: por la desaparición en los años ochenta de los hermanos Contreras y de las hermanas Serrano Cruz, miembros de familias campesinas diezmadas por los soldados. En ambos casos los responsables del delito de lesa humanidad fueron militares que participaban en operaciones contrainsurgentes. Se sospecha que algunos oficiales de entonces secuestraron a los menores de edad, pero el Ejército no ha abierto los archivos por una ley de amnistía.
Organizaciones nacionales y extranjeras de derechos humanos repudiaron la acción criminal. El director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Miguel Montenegro, dijo que la destrucción de los archivos le preocupa por tratarse de información “muy importante relacionada al conflicto armado y a graves violaciones a derechos humanos. Partiendo de la destrucción de materiales, hay personas interesadas en desaparecer la información”.
En tanto, la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA, en inglés) apuntó que “es crucial que los archivos de los defensores de derechos humanos de la guerra civil sean preservados. Instamos al gobierno salvadoreño a que condene el ataque y a que investigue y sancione a los responsables”.
La guerra civil salvadoreña dejó más de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos; de estos 1.200 son menores de edad.
Fuente: elpais.com