Emergencia en Santa Cruz. Más de 200 familias se asentaron en tierras de una familia de lecheros colindante a la urbanización El Fuerte, en el municipio de La Guardia.
EL DÍA, Bolivia
Ref. Fotografia: Ocupación. Las familias asentadas en el municipio de La Guardia aseguran que no se moverán.
Santa Cruz. Una familia finlandesa denunció que 34 hectáreas de sus tierras fueron tomadas desde el pasado lunes 18 de noviembre en el municipio de La Guardia. Un grupo de 200 personas están asentadas en los predios que colindan con la urbanización El Fuerte, los invasores aseguran que no abandonarán los predios por considerarlos ociosos. Los cívicos exigieron reacción inmediata del Ministerio Público.
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Tierras tomadas en La Guardia. Vecinos de la señora Aini Vaisanen le brindaron su rotundo apoyo, luego que un grupo de personas, tomaran posesión ilegal al menos de 30 hectáreas desde hace dos semanas atrás, aseguran que los propietarios de las tierras que se dedican a la producción de leche y que debido a esta toma no pueden continuar con el trabajo.
"Desmontaron un cordón ecológico, hace seis años avasallaron estas tierras, pero en un año los sacaron y otra vez regresaron", resaltó Teófilo Ayllón.
Por su lado, la abogada de los afectados aseguró que los avasalladores coparon reservas forestales. Lamentó además que "el Ministerio Público, que está llamado a actuar no haga nada. Amenazan a los vecinos y es gente que comete delitos en las narices de los Fiscales", puntualizó.
Siguen los procesos y denuncias. Apoyados unos a otros, un grupo de propietarios de diferentes zonas de Santa Cruz, denunciaron que el señor "H.G.S. tiene más de 200 procesos en su haber por los avasallamientos", aseguró Alberto Gómez, propietario de los predios que están ubicados en el Km 5, carretera a Cotoca.
"No van a eludir más la justicia, este proceso lo llevo años", resaltó Gómez, mientras recibía el apoyo de otras personas (ganaderos y agricultores), que aseguraron haber sido atropelladas por otro grupo de personas.
Aludido se defiende. Luego de las acusaciones de diferentes personas que se sienten afectadas por los avasallamientos a sus predios, el aludido, H. G. S., se defendió y aseguró que cuenta con todos los planos en regla, además descartó que esté financiando a grupos para avasallar otras tierras.
Discusión por tierras. Mientras un grupo de productores y ganaderos de unas 30 propiedades denunciaban que se encuentran afectadas por los avasallamientos, otro grupo de pobladores, esperaba ayer su salida de la sala de prensa para dar su versión. "Si nos muestran los documentos, de que son los propietarios de esas tierras, estamos dispuestos a comprarles, les vamos a pagar", aseguró don Basilio Flores.
Antecedentes de otros atropellos. Con los documentos en manos, Daniela Alba aseguró que, en la zona de Viru Viru, desde hace cuatro años, ocho hectáreas de cultivos de maíz y cítricos fueron tomadas. "La propiedad está embardada, no nos dejan ni entrar", enfatizó la joven, que lleva años peregrinando porque este proceso concluya.
Ley contra avasallamientos. El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró ayer que la ley contra avasallamientos será aprobada en un plazo no mayor a los dos meses en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
"Será (aprobada la ley) antes de fin de año o sino apenas comencemos el año que viene", dijo el vicepresidente, además agregó que la norma acompañará la labor que realiza el Ejecutivo para restituir la legalidad sobre ese tema, que -a su juicio- azota a empresarios y productores pecuarios del departamento de Santa Cruz. Resaltó que esta norma es importante y que con esta medida se "podrá encarcelar a los avasalladores de tierras productivas y restituirla a los dueños.
Manifiesto
Cívicos piden compensar a productores
El presidente cívico, Fernando Castedo emitió un pronunciamiento en contra de los asentamientos ilegales en Santa Cruz, resaltando que "la toma de tierras productivas no es algo nuevo, pero se incrementó impunemente a partir del 2006".
El manifiesto exige "la inmediata aprobación de una ley contra los avasallamientos, que endurezcan las penas contra los que atentan a la producción, que los "toma tierras" desocupen los predios avasallados y una compensación económica a los productores afectados, además que detengan y enjuicien a los cabecillas y responsables que ya están identificados por los productores".