Este domingo 24 de noviembre se cumplen seis años de la muerte de Gonzalo Durán Carrazani; José Luis Cardozo y Juan Carlos Serrudo, por disparos de arma de fuego que recibieron en "La Calancha" y el tercero en pleno centro de la ciudad de Sucre por efecto de una violenta represión policial, acción que dejó además cuatro universitarios mutilados y más de 300 personas heridas. El caso será denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si la Asamblea Legislativa no autoriza un juicio de responsabilidades al ex ministro de Gobierno, Alfredo Rada.
“La Asamblea Legislativa elude autorizar un juicio de responsabilidades y el gobierno del Presidente Evo Morales establece un manto de impunidad, protección y premiación a todos los involucrados por acción u omisión en ese hecho”, denunciaron el abogado y el representante de las víctimas, Ariel Coronado y Juan Cardozo, respectivamente.
“El ex ministro de Gobierno Alfredo Rada es hoy Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, los ex constituyentes del MAS Roberto Aguilar y César Cocarico que influyeron para que en la Constituyente se rechace debatir la capitalidad son hoy ministro de Educación y Prefecto de La Paz, mientras que el ex fiscal Mario Uribe retiró de la demanda de juicio de responsabilidades al Presidente Morales y tampoco se viabiliza una investigación sobre tres jefes policiales Miguel Ángel Vásquez, Jorge Espinoza y José Galván”, detalló Cardozo, que es hermano de uno de los universitarios fallecidos.
Coronado, abogado de las víctimas añade que en estos años por tres veces consecutivas el Órgano Legislativo devolvió el requerimiento acusatorio contra Rada y los jefes policiales evitando pronunciarse sobre la petición de juicio de responsabilidades, “nunca nos han dado una respuesta, vamos a intentar por última vez un pronunciamiento, de lo contrario nos veremos forzados a acudir a vías internacionales habiendo agotado las nacionales”, explicó al referirse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cardozo y Coronado entregaron memoriales al presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García; al defensor del Pueblo, Rolando Villena, y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, documentos en los cuales exigen que de una vez el Órgano Legislativo responda si autorizará o no el inicio del juicio de responsabilidades.
Con la autorización del juicio de responsabilidades se iniciaría la etapa preparatoria del proceso, podrá pedirse medidas cautelares para los involucrados y sobre todo continuar la investigación.