SANTA CRUZ. A 13 años de su creación, el Parque Ecológico Metropolitano, que abarca 100 km de seis municipios, no tiene quién lo haga respetar y tampoco existe un plan para su manejo integral. La Alcaldía cruceña reconoce que solo registró a su nombre 105 de 1.506 hectáreas que están en manos de propietarios privados.
Para la Gobernación, pese a que existen leyes, ni siquiera están claros los límites. “El río al ser de todos, a la vez no es de nadie. Es piedra libre, muchos se benefician del río”, reflexionó Manlio Roca, secretario de Desarrollo Sostenible y Medioambiente. Clíver Rocha, director de la ABT, dijo que el Piraí está en un proceso de destrucción irremediable. Las alcaldías de Warnes y Porongo admiten que no tienen dinero para abordar el problema.
Frase
Seguimos llorando sobre la leche derramada
Bernardo Rivero
El parque del Piraí, sin dueño y con futuro negro
REALIDAD. ESA ES LA PRINCIPAL CONCLUSIÓN A LA QUE SE LLEGÓ EN UN FORO QUE ORGANIZÓ EL DEBER.
El área abarca cerca de 100 km lineales a lo largo de seis municipios cruceños, desde La Angostura hasta Montero. Se creó en 2004, pero hasta ahora sufre la indiferencia de las urbes
EL DEBER, Santa Cruz, Bolivia
El arquitecto Luis El-Hage expone su punto de vista ante los demás invitados en el foro de EL DEBER.. Foto: Rolando Villegas
A casi una década de la creación del ‘Parque Ecológico Metropolitano Piraí’ su futuro es desalentador. El área de casi 100 kilómetros lineales y que abarca seis municipios incluyendo la capital cruceña, no tiene quién se haga responsable y tampoco existe un plan específico para su manejo integral. Ni siquiera se tiene claro cuáles son sus límites, mientras que los asentamientos, construcciones y diversas actividades económicas lo van destruyendo poco a poco.
Esa es la dura realidad que se evidenció en el foro organizado por EL DEBER y al que asistieron autoridades y representantes del Gobierno Municipal de Santa Cruz, de la Gobernación, del Colegio de Arquitectos, la Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz y sus dos afiliadas de ingenieros forestales y ambientales; la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad ‘Gabriel René Moreno’, y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), dependiente del Estado.
Según la oficial mayor de Planificación del Gobierno Municipal, Sandra Velarde, de las 1.506 hectáreas de parque que corresponden a la capital, la comuna ha logrado inscribir a favor de esta institución 105 hectáreas, que representan el 7% del total.
El resto aún sigue en manos de propietarios privados. “Se ha hecho reforestación y se ha pedido al Concejo Municipal la aprobación de una ordenanza que instruya al Ejecutivo un estudio especializado del parque”, dijo aunque todavía no existe fecha para su aprobación.
Manlio Roca, secretario de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación, fue tajante al reconocer que, pese a que existen leyes, no están claros los límites del parque metropolitano. “Esta es una tarea inicial a resolver, porque para cuidar algo, hay que saber qué se cuida”, enfatizó.
“El río al ser de todos, a la vez no es de nadie. Es piedra libre, porque hay muchos actores que se benefician del río. Soy porongueño, por más de 30 años crucé el río. Antes no había ni alambrado en las riberas, ahora tenemos pavimento hasta encima de las dunas”, lamentó Mario Saldías, de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Uagrm.
Polémica legal
El parque fue creado mediante la ley 2913, del 18 de noviembre de 2004 y abarca “todas las riberas del río Piraí ubicadas en los municipios de la metrópoli del departamento de Santa Cruz: Santa Cruz de la Sierra, Montero, Warnes, Porongo, La Guardia y El Torno… con fines de recreación, educación e investigación”. Sin embargo, esta ley no estableció coordenadas, por lo que en cada municipio se maneja con diferentes criterios.
En algunos casos se apegan a la Ley de Plan de Uso de Suelo (PLUS) que exige una franja de bosque de 1.000 metros y en otros casos, a la Ley Forestal que fija un cordón ecológico de 100 metros desde el cauce del río.
“En el conjunto de los municipios se han ido construyendo normativas como han querido, de acuerdo con los intereses. En Porongo le están metiendo construcciones hasta a los 100 metros del río”, se quejó el director de la ABT, Clíver Rocha.
La autoridad admitió que “el Piraí está en un proceso de destrucción irremediable y que en el parque metropolitano se ha generado un Estado de hecho, donde todo el mundo hace lo que le da la gana y no hay regulación que valga”. Coincidió en la necesidad de sentarse y redefinir el marco legal al respecto, aunque confesó su temor de que se quiera “abrir” el PLUS para levantar sus restricciones y seguir tumbando el bosque.
¿Pausa urbana?
El presidente del Colegio de Arquitectos, Luis El-Hage, reconoció que la presión inmobiliaria es tal, que hoy son los desarrolladores urbanos y loteadores los que están decidiendo el crecimiento de la ciudad, por lo que planteó declarar una “pausa urbana” para que a corto plazo se les diga a los constructores: “Hasta aquí se puede construir”.
La ABT aprobó en 2012 dos resoluciones que ‘inmovilizan’ toda obra o tala de árboles en el cordón ecológico de los seis municipios, incluyendo el proyecto que ganó un concurso en 2001 y que contempla el traslado de las cabañas del Piraí. Rocha adelantó que hasta fin de año se pretende tener un diagnóstico de lo que pasa en todo el parque y hasta mediados de 2014, la nueva regulación departamental y municipal sobre el tema. “Si hasta el próximo año no logramos reordenar, en cinco a siete años no va a haber más parque”, presagió.
Sin ‘dueño’
En el foro nadie asumió el reto de liderar una acción conjunta para salvar el parque metropolitano. Como dijo El-Hage: “Los diagnósticos sobran”, o como ironizó Bernardo Rivera, del Colegio de Ingenieros Ambientales: “Seguimos llorando sobre la leche derramada”.
Saldías, de la Uagrm, propuso que más allá de la mancomunidad, se cree una administración específica del parque. La propuesta no tuvo eco.
Jorge Viruez, presidente de la Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz, apoyó la idea de la ‘pausa urbana’, pero pidió que se le ponga límite de tiempo, porque “el crecimiento urbano es difícil pararlo”. ¿Seis meses, un año?, preguntó a los asistentes y nadie se animó a ponerle tiempo.
Roberto Quevedo, del Colegio de Ingenieros Forestales, habló de la necesidad de un “empoderamiento de las autoridades locales” para que dejen de actuar políticamente y asuman una línea técnica para proteger el parque.
Roca, de la Gobernación, confesó lo difícil que es reunir a los alcaldes involucrados, porque no hay voluntad política. “Ya no debemos ser tan permisivos, que cada alcalde tome esto a su voluntad, es una obligación ambiental y hay que pasar a la parte coercitiva con procesos legales y ambientales contra las autoridades que no cumplen su rol”, advirtió. Pero al ser consultado si empezaría a sancionar ya, Roca solo atinó a decir: “Antes hay que trabajar en procesos de convencimiento, es una responsabilidad de los alcaldes”.