La comisión del oficialismo que investiga las privatizaciones de empresas estatales mostró ayer, en su primer informe, el recorrido empresarial y político de Samuel Doria Medina, líder de la opositora Unidad Nacional (UN).
Doria Medina aparece en el reporte de la privatización
El senador Eugenio Rojas preparó cuadros para presentar los datos en su despacho. Foto: AFKA.
La Razón / La Paz
La comisión del oficialismo que investiga las privatizaciones de empresas estatales mostró ayer, en su primer informe, el recorrido empresarial y político de Samuel Doria Medina, líder de la opositora Unidad Nacional (UN).
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Eugenio Rojas expuso, con el soporte de cuadros didácticos y recortes de prensa, el avance de este proceso de investigación y recordó que Doria Medina, como ministro de Planificación (1989-1993) del gobierno del presidente Jaime Paz Zamora, participó de las enajenaciones estatales.
El legislador también entregó a los periodistas un documento en el que se detalla la carrera empresarial y política del líder opositor, incluyendo un apartado llamado “mentiras” en el que se apuntan las denuncias que hizo Doria Medina sobre obras gubernamentales.
Según el análisis de Rojas, en Bolivia se registraron tres “oleadas” de privatizaciones y en la primera de ellas está incluido el jefe de UN. “Fue la cabeza de la privatización de 43 empresas cuando sacaron la Ley 1330”, enfatizó el jefe de la bancada masista en el Senado. Además, el legislador sostuvo que, luego, “durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) Doria Medina apareció como dueño de las cinco empresas cementeras”, en lo que llamó “la segunda oleada de privatizaciones”. Según el documento divulgado ayer, en este periodo 36 empresas fueron enajenadas, en un proceso dirigido por el ministro de Capitalización, Alfonso Revollo.
La tercera etapa que se investiga corresponde al gobierno de Hugo Banzer (1997-2001). Según el reporte, en ese periodo se privatizaron 14 empresas que eran del Estado y cuando Erick Reyes Villa fue ministro de De- sarrollo Sostenible y Planificación.
La Ley de Privatización 1330 del 24 de abril de 1992 “autoriza a las instituciones, entidades y empresas del sector público enajenar los bienes, valores, acciones y derechos de su propiedad y transferirlos a personas naturales y colectivas nacionales o extranjeras, o aportar los mismos a la constitución de nuevas sociedades anónimas mixtas”.
El 5 de julio, una semana antes de su receso legislativo, el pleno de la Asamblea Legislativa ordenó la creación de una comisión de seis legisladores del partido gobernante y tres de oposición, para investigar el proceso de privatización de empresas estatales entre 1989 y 2001. La oposición negó su concurso en la iniciativa, sobre todo los representantes de UN quienes consideraron que era una reacción oficialista ante las denuncias planteadas por el propio Doria Medina sobre corrupción respecto a la ejecución del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. En agosto, la comisión decidió comenzar, en solitario, con la investigación.
Reacciones. “No quieren investigar nada con esta comisión, lo que quieren es que no haya oposición, quieren amedrentarnos y es necesario que conozca la opinión pública”, afirmó Doria Medina en una rueda de prensa, efectuada en el edificio de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), minutos antes de la exposición del senador Rojas.
“Doria Medina no puede preocuparse porque la responsabilidad de esta comisión es investigar el proceso de privatización y sacar conclusiones”, afirmó al respecto el senador oficialista Adolfo Mendoza, presidente de la comisión de investigación. “Las pruebas son claras, vemos que esta investigación está dirigida a Samuel para inhabilitarlo en las elecciones”, enfatizó luego Claudia Bravo representante de la dirección política de UN.
Al conformarse la comisión, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que los resultados finales de la investigación estarán listos en junio de 2014.
Cementera El Puente ha sido subvaluada, dice Mendoza
El senador Adolfo Mendoza (MAS), presidente de la comisión que investiga la privatización de empresas estatales, informó ayer sobre los primeros resultados de las pesquisas sobre la compra de la cementera El Puente de Tarija que llegó a beneficiar al empresario Samuel Doria Medina.
En el informe, los pobladores de la región afectada denunciaron que el líder de Unidad Nacional (UN) y el exgobernador de Tarija Mario Cossío adquirieron la propiedad de la cementera a un precio menor al valor de la empresa.
El 14 de noviembre, el asambleísta departamental de Tarija Marcelo Poma entregó a la comisión los documentos del caso.
“Los costos que hemos sumado son casi $us 48 millones en implementación y otros pagos, pero el señor Samuel Doria Medina compró (la empresa) en menos de $us 15 millones”, afirmó Mendoza, quien anticipó que las indagaciones continuarán este año.
Jefe de UN: ‘Tratan de silenciarnos’
Por las investigaciones que realiza la comisión oficialista de la privatización de empresas estatales y sobre todo de la cementera El Puente en Tarija, el empresario Samuel Doria Medina salió en su defensa. Afirmó ayer que hubo “transparencia” en la adquisición de las propiedades y que esto está registrado en la página web de la Sociedad Boliviana de Cemento.
“Para buscar la verdad hemos puesto toda la información en internet de esa empresa www.soboce.com/elpuentebolivia.asp cualquier persona puede acceder a esa información”, explicó el jefe de la opositora Unidad Nacional (UN) en una rueda de prensa realizada ayer.
El 14 de noviembre, el asambleísta departamental tarijeño Marcelo Poma entregó a legisladores nacionales de la comisión la documentación del caso en el que pobladores de la región El Puente denuncian a Doria Medina y Mario Cossío, exgobernador del departamento, por adquirir la empresa con precios subvaluados.
“Tratan de silenciarnos con mentiras, ya la empresa ayer en Tarija ha demostrado todos los elementos y por eso están en la página de internet”, insistió el empresario ante las continuas preguntas de los periodistas.
El 5 de julio, la Asamblea Legislativa resolvió la conformación de una comisión mixta de investigación al proceso de privatización de empresas del Estado, comprendido en las gestiones de 1989 y 2001. La idea no tuvo respuesta en representantes de la oposición sobre todo de UN, quienes vieron en la decisión un ataque directo del oficialismo a su líder político.