El MAS acaba de imponer su rodillo para aprobar en grande la Ley de Empresas Públicas, una norma con la que se promoverá la creación de estos verdaderos “elefantes blancos” que son las entidades estatales.
Desde la oposición parlamentaria se ha cuestionado el proyecto desde varios ángulos. El diputado Andrés Ortega alega que se trata de “una ley socialista”. Y lo es, desde el momento en que se blinda a las empresas públicas contra la quiebra y a que éstas desarrollarán una competencia desleal contra los emprendimientos privados, como ya se vio en el caso de la navegación aérea.
La experiencia de las compañías estatales creadas por el gobierno de Evo Morales es francamente negativa, con una gran mayoría de entidades deficitarias y de escasa productividad, por lo cual no parece tener mucho sentido profundizar ese camino.
Otro de los cuestionamientos a tener en cuenta es el que hace la diputada Alejandra Prado, quien advierte que la Ley incluye en su artículo 9 la creación de la “Empresa Grannacional”, el proyecto de integración económica regional de la ALBA.
Esta empresa, de naturaleza binacional o trinacional, podría ser utilizada para proveer a la quebrada Venezuela o a Cuba de productos bolivianos “a precio justo”, es decir, subsidiados.
La citada parlamentaria recuerda que la Constitución establece en su artículo 257 inciso II que la integración económica debe ser aprobada mediante referéndum popular, sugiriendo que tal procedimiento sea aplicado para impulsar un gran debate nacional sobre la Ley de Empresas Públicas…