Es sabido que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, vino a Bolivia trayendo un espaldarazo al gobierno en el tema de la re-reelección, así como en la polémica sobre el estudio de la coca.
Lo que no es tan evidente es lo que se llevó a cambio.
Al parecer, la visita estuvo enmarcada en un quid pro quo, con el capo de la OEA respaldando a la administración evista con la contrapartida de un cierto giro del Palacio Quemado respecto a la cuestión marítima.
Debe tenerse en cuenta que Insulza no es solamente un ex canciller de Chile, sino también alguien muy allegado a la candidata socialista Michelle Bachelet, quien probablemente gane las elecciones presidenciales de mañana en el vecino país.
El acuerdo buscaría quitarle uno de los escollos a Bachelet en la política externa, mediante un retorno de Bolivia al diálogo bilateral y un probable congelamiento de la demanda ante La Haya.
Se trataría, por lo tanto, de una reedición del esquema puesto en práctica durante la anterior gestión de la líder socialista, cuando se manejó un diálogo de 13 puntos que en realidad no tuvo más que efectos propagandísticos o distractivos, ya que Bolivia no avanzó un milímetro hacia el mar.
Además, Morales se vería presionado a este giro por la ALBA, dado que Bachelet llegaría por segunda vez al gobierno reinventada como aliada del bloque neopopulista, si tomamos en cuenta la recomposición de su coalición, donde el socio principal ya no es la moderada Democracia Cristiana sino el radical Partido Comunista chileno…