Felipe Moza, ex dirigente cívico de Villamontes (Tarija) cumplirá este 28 de noviembre cinco años como “detenido preventivo”, hecho ilegal y violatorio de los derechos humanos de esta persona porque que en el tiempo transcurrido no se le inició juicio por falta de pruebas, evidencias y testimonios, incluso personas que fueron detenidas con él -bajo sospecha de participar en un atentado a un gasoducto en 2008- ya declararon que Moza es inocente.Durante setenta meses tras rejas Moza sufrió la suspensión de sus audiencias en 79 ocasiones, es decir, cada mes las autoridades judiciales lo condenaron a continuar en la Cárcel de San Pedro y así llegará a los cinco años en calidad de “detenido preventivo”, expresión de la retardación de justicia.Este miércoles 13, se realizaron dos audiencias en el Tribunal Primero de Sentencia donde reside el caso Moza. En la primera audiencia para tratar la extinción del proceso, una vez más, el fiscal Roger Velásquez no se presentó argumentando que tenía que atender otro caso, por eso presentó un justificativo y el juez Sixto Fernández determinó postergar el acto para el miércoles 27 de noviembre.La segunda audiencia fue establecida para determinar modificación de medidas sustitutivas, es decir: cambio del monto de la fianza de cien mil bolivianos por un garante personal, en segundo lugar, que Moza no cumpla detención domiciliaria en el penal de San Pedro de La Paz sino en Villamontes que es su ciudad de origen.Los abogados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) rechazaron esa solicitud señalando que la familia de Moza no se encuentra en pobreza sino en una situación económicamente “regular”, entonces el chaqueño presentó informes de trabajo social que refieren las necesidades que pasa su familia por las cuales su esposa e hija trabajan ahora para mantener el hogar, motivo por el cual se sobreentiende que obtener cien mil bolivianos para pagar la fianza no es posible para ellas.En segundo lugar, Moza recordó que pese a que su caso fue atendido primero en la jurisdicción tarijeña fue remitido de forma arbitraria a la ciudad de La Paz donde no cuenta con familiares ni amistades que puedan ayudarlo ni velar por la situación de su familia, por la lejanía se encuentra en una situación de abandono. Durante la audiencia reclamó que los operadores de justicia en Bolivia pidieron una fianza de 50 mil bolivianos a un ex gobernador, mientras a él le exigen el doble pese a que carece de recursos.Los jueces del Tribunal de sentencia Primero tenían que resolver si accedían a la modificación de las medidas sustitutivas pero hubo discrepancia al respecto y por eso optaron por remitir el caso Moza al Tribunal de Sentencia Segundo para que éste dirima las medidas sustitutivas, lo que implicará un tiempo adicional de injusto encierro de Moza en la cárcel de San Pedro.