Arturo Yáñez Cortes
El Colegio de Abogados de Chuquisaca presentó “El Estado de la Justicia Boliviana. Del Estado republicano al Estado plurinacional” libro del colega cruceño William Herrera Añez.
Se trata de un valioso estudio dirigido por el autor con las investigaciones de alumnos de la Universidad Gabriel René Moreno que cuestiona: ¿Puede haber un órgano judicial independiente, imparcial, honesto, fuerte, eficiente, en este estado centralista y autoritario? ¿Acaso es posible materializar la vieja teoría de la separación de poderes, que se debería traducir en pesos y contrapesos, controles y un sistema eficiente de fiscalización de la cosa pública? ¿Puede el órgano judicial garantizar los derechos fundamentales, seguridad jurídica, propiedad privada, inversión nacional e internacional y paz social? cuando tiene un verdadero control político y cerco presupuestario? ¿Puede el órgano judicial combatir la corrupción, cuando hay jueces, magistrados y personal subalterno que incurren en actos ilícitos? ¿Acaso la asamblea legislativa no tenía que refundar el estado y por ende al órgano judicial? ¿Acaso no tenía que cambiarse el centralismo colonialista, que se ha apropiado cuerpo y alma del poder judicial?
Su capítulo dedicado a la percepción social sobre la justicia, elaborado según encuestas aplicadas el primer semestre de 2013 en Sucre, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto a abogados en ejercicio libre de la profesión; alumnos de pregrado y docentes universitarios de derecho y usuarios/ciudadanos con procesos judiciales, presenta la percepción acerca de la situación actual de la justicia en el estado plurinacional.
Veamos: A la pregunta si consideraban que nuestros tribunales respetan la garantía del debido proceso, el 82,74% respondió que no y sólo el 17,26% que sí; preguntados si la elección de las autoridades judiciales mejoró la administración de justicia el 80,14% dijo que no y sólo el 19,86 que sí; para el 75,2% de los encuestados no existe respeto al principio de igualdad jurídica ya que la justicia discrimina a las personas por razones económicas, relaciones de poder o presiones políticas; preguntados sobre el grado de representación de las autoridades judiciales electas por voto, después de casi dos años de ejercicio de sus cargos, los encuestados respondieron que muy representado el 0,8%; representado el 10%; poco representado el 45.06% y nada representado el 44,12%. Indagados sobre las causas por las que no acuden a la administración de justicia, el 30,3% dijo que por factores económicos; 13,62% por desconocimiento de procedimientos; 21,24% por desconfianza en el sistema judicial; 6,64% por discriminación; 24,42% por retardación y 3,76% por temor a represalias. ¿Existe corrupción en el sistema? Sí dijeron el 95,88% y no 4,12%. ¿Tiene confianza en el órgano judicial? Sí dijeron el 22,16% y no el 77,84%. ¿Existe respeto de la independencia judicial? Para el 30,5% sí y no para el 69,5% (el peor grado de confianza 77,9% está en la sede del órgano: Sucre).
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La buena noticia, después de las pésimas anteriores es que el 64.06% cree que la justicia boliviana mejorará en el futuro, aunque otro de sus análisis y cifras que presenta, prueba que la asignación presupuestaria destinada a la justicia en vez de mejorar, rebajó sistemáticamente desde el 2002 hasta el 2012, pues aquella gestión por cada 100 bs., proyectados en el PGE, se destinaron bs. 1,7 a la justicia y en la gestión 2012, por cada 100 bs se asignaron bs. 0,45. Al Ministerio Público, en 2002 de cada 100 bs le dieron 24 centavos y el 2012 sólo 8 centavos por cada 100 Bs., pese a que el PGE aumento de 29 millones el 2002 a 145 el 2012, por lo que en vez de aumentar la asignación presupuestaria disminuyó del 1,7% al 0,46% del PGE, lo que muestra que más allá de los discursos y propaganda, la justicia no es una prioridad para el plurinacional.
Sea la oportunidad para una -tal vez incómoda- pero impostergable autocrítica para los vinculados con la justicia, pues sin una administración por lo menos eficiente, confiable y sobre todo independiente, tan deplorable estado sólo se asegura sea perpetuado, pues “aceptar la injusticia no es una virtud sino todo lo contrario” (Cleóbulo).
Correo del Sur – Sucre