A una semana de las elecciones municipales de Venezuela, para las que se vaticina un resultado apretado entre oficialismo y oposición, y que podrían constituirse en una suerte de referéndum sobre la marcha de su gobierno, Nicolás Maduro aprieta el acelerador del intervencionismo económico estatal.
“Más revolución” es la consigna del sucesor de Hugo Chávez, lo que significa un recorte de los derechos individuales en la esfera de la producción y el comercio, con el crecimiento del autoritarismo regulador.
Para esto, Maduro se hizo aprobar “superpoderes” que le permiten gobernar por decreto temporalmente, precisamente la misma figura jurídica que en la antigua Roma dio origen al término dictadura.
El paquete de medidas en esta nueva fase del “socialismo bolivariano” incluye:
-El decreto de "Control de los Costos, Ganancias, Precios y Protección de la Familia Venezolana", con el que se ordenó a las Fuerzas Armadas la toma de comercios para imponer los “precios justos”.
-Control total de divisas, por el cual toda empresa que solicite dólares al Estado debe firmar un contrato sobre el uso de los dólares asignados.
-Cárcel para “los burgueses”. Junto con la toma de comercios vino la detención de 26 empresarios en las mazmorras de la policía política (el SEBIN), bajo acusaciones de “especulación y usura”.
-Control estatal de los alquileres de locales comerciales, regulados por decreto.
-Fijación obligatoria de los precios en el mercado automotor.
A esto debe sumarse la amenaza hecha por Maduro de encarcelar a los comerciantes que cierren sus tiendas. Por lo tanto, éstos no tendrán más remedio que abrir aunque ello suponga trabajar a pérdida por los precios (in)justos.
Ni más ni menos que una nueva forma de servidumbre estatal…