El exasesor y exabogado del Ministerio de Gobierno Boris Villegas declaró ante la fiscal Rosse María Barrientos. Afirmó también la existencia del “gabinete jurídico”, al que se refirió como la entidad que controló todos los procesos relevantes, como el caso terrorismo.
Villegas confirma nexos entre fiscales y gente del Gobierno
El fiscal Céspedes junto a exfuncionarios de Gobierno.
Página Siete / La Paz
El exasesor y exabogado del Ministerio de Gobierno Boris Villegas confirmó ante la Fiscalía departamental de Santa Cruz la relación estrecha que existió entre autoridades del Ministerio de Gobierno y fiscales que fueron asignados al caso terrorismo I y II y otros "polémicos” casos.
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"El fiscal que lleva adelante el caso terrorismo, Sergio Céspedes, y también el subprocurador César Romano, evidentemente celebramos el cumpleaños de Soza, como es de conocimiento público por las fotos que fueron difundidas. Era un acontecimiento privado, lo cual debería tratarse en ese ámbito”, dijo Villegas, exasesor de Gobierno detenido en el penal de Palmasola por presuntamente formar parte de la llamada red de extorsión.
Villegas realizó esa declaración el lunes pasado ante la fiscal Rosse María Barrientos, asignada al caso extorsión de Soza, a quien informó que la fiesta de cumpleaños se celebró en el domicilio del exfiscal, "ubicado en la zona de Sopocachi de la ciudad de La Paz”.
En marzo de 2013, la senadora Carmen Eva Gonzales difundió fotografías en las que se ve a los entonces fiscales Isabelino Gómez y Edward Mollinedo con los asesores del Gobierno Dennis Rodas y Boris Villegas, este último abrazado a Soza. También se observa al fiscal Céspedes y Romano, todos consumiendo bebidas alcohólicas.
Por otra parte, Villegas afirmó que el "gabinete jurídico” fue la entidad que controló todos los procesos que tienen que ver con temas políticos y de relevancia social, como son el caso terrorismo, Caranavi, Chaparina y extorsión, por el que se encuentran detenidos en la cárcel de Palmasola Mollinedo, Gómez, Villegas, Rodas y Fernando Rivera.
Villegas fue funcionario público desde 2006. En principio trabajó en el Ministerio de Trabajo, posteriormente fue funcionario de la Cancillería y en 2007 pasó a ser funcionario del Ministerio de Gobierno, donde fue ascendido a jefe de Gestión Jurídica y posteriormente fue director de Régimen Interior, cargo en el que estuvo hasta mayo de 2012.
Audiencia
El juez del Tribunal de la Sala Penal Primera, Sigfrido Soleto, fijó para hoy, a las 15:15, la audiencia para resolver la acción de libertad que planteó Boris Villegas.
Para esto, Soleto instruyó al gobernador del penal de Palmasola que traslade a Villegas a los juzgados a fin de que presente los argumentos por los cuales los jueces deberían revertir las medidas cautelares, informó Neida Ledezma, abogada de Villegas.
Según la jurista, el gobernador de Palmasola se negó en unas cinco oportunidades trasladar a su cliente ante los juzgados, lo que habría provocado la suspensión de las audiencias en las que debía resolverse la acción de libertad que planteó Villegas.
"Esperemos que mañana (hoy) lleven a mi cliente a los juzgados”, expresó Ledezma.
Entregan expedientes
Luego de corregir las foliaciones y subsanar las hojas maltratadas de los expedientes del caso terrorismo I, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz remitió ayer la documentación a su colega del Tribunal Segundo de Sentencia.
De acuerdo al Código de Procedimiento Penal, los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia, tras recibir los expedientes del caso terrorismo, tienen 48 horas para resolver la recusación que presentó Ignacio Villa Vargas, El Viejo, uno de los 39 acusados por el caso terrorismo.
Guido Colque, abogado de Villa Vargas, lamentó que las autoridades judiciales demoren más de dos semanas para resolver la recusación que presentó su cliente. "Luego dicen que nosotros somos los que dilatamos el juicio”, manifestó Colque.
Según versiones, jueces del Tribunal Segundo de Sentencia se excusarían de resolver la recusación que planteó Villa Vargas.
De concretarse este hecho, los expedientes del caso terrorismo I deben ser remitidos al Tribunal Tercero de Sentencia.
Villa Vargas, quien inicialmente fue testigo clave en el caso terrorismo, recusó a las juezas ciudadanas del caso Rózsa, Anastasia Calisaya y Sonia Mamani, por considerar que existe una presunta parcialidad.
Villegas insiste que Sacha ordenó represión
Evidencias. El exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno Boris Villegas reiteró que el exministro de Gobierno y actual embajador de Bolivia en la ONU, Sacha Llorenti, es quien ordenó la violenta intervención policial a los indígenas en Chaparina, durante la octava marcha en defensa del TIPNIS. Los indígenas piden el cambio de los fiscales.
Senadora exige a Romero levantar el secreto de confidencialidad
Página Siete / La Paz
La senadora Carmen Eva Gonzales, quien denunció al exfiscal Marcelo Soza por extorsión, emplazó ayer al ministro de Gobierno, Carlos Romero, a levantar "el secreto de confidencialidad” para que sus exasesores revelen detalles del caso terrorismo.
Los exasesores del Ministerio de Gobierno Dennis Rodas y Fernando Rivera solicitaron a la comisión de fiscales –que investiga el caso extorsión de Soza– que el ministro Romero levante el secreto profesional para que puedan revelar "detalles” de los diferentes casos.
"Señor ministro, no tenga miedo, levante el secreto profesional para conocer la verdad sobre el caso terrorismo, extorsión y otros”, emplazó Gonzales.
Caso Soza
Guido Colque, abogado de Ignacio Villa Vargas, presentó un exhorto suplicatorio para que la comisión de fiscales se traslade a Brasil para tomar declaraciones del exfiscal Soza, quien se fugó a ese país acusado de extorsión.
La senadora Gonzales apoyó ese pedido y sugirió que se tomen ciertos recaudos. "Si se tiene que hacer un exhorto, se lo hará, pero la comisión de fiscales debe estar acompañada por gente idónea para que refleje la imparcialidad y que no sea una forma para amedrentar a Soza”, dijo.
Mientras el diputado Juan Carlos Aparicio (MAS) afirmó que Soza debe ser extraditado para que brinde su declaración sobre las denuncias que formuló en su carta presentada ante la Policía Federal de Brasil. "¿De qué privilegios goza Soza para que fiscales le tomen su declaración en Brasil. Este delincuente confeso debe ser extraditado para que purgue ante la justicia boliviana”, manifestó.
Por otra parte, la Fiscalía restó valor a la Comisión de la Verdad y Justicia, conformada por cinco legisladores de la oposición, y recordó que toda la documentación de los casos debe ser solicitada al fiscal general del Estado, a través del presidente de la Cámara de Diputados.