El término griego cleptocracia designa a un “gobierno de ladrones”, una administración caracterizada por la hiper-corrupción.
Considerando los sucesos de las últimas dos jornadas -ayer, la fuga del zar antiterrorismo Marcelo Soza al Brasil y hoy, la condena en EEUU al zar anticorrupción Fabricio Ormachea– existen poderosos elementos de juicio para aplicar esa expresión al gobierno encabezado por Evo Morales.
Los dos “zares” caídos han declarado, a través de un manifiesto el primero y en un video el segundo, que sus operaciones irregulares fueron ordenadas o cuando menos le constaban a las más altas autoridades de gobierno, lo que significa que Bolivia podría estar ante uno de los regímenes más corruptos de toda su historia.
Esto no es casual: la corrupción suele venir de la mano de una expansión desorbitada de las facultades reguladoras del Estado, así como de una ruptura en la independencia de poderes, factores presentes e incluso estructurales en el “proceso de cambio”.
Triste realidad, precisamente en este contexto histórico, cuando Bolivia recibe ingentes recursos provenientes de la bonanza por los altos precios internacionales de los hidrocarburos, parte de los cuales podrían estar siendo malversados por la citada cleptocracia.
Una razón más para impulsar un profundo recambio en los actores de gobierno, de forma que los recursos extraordinarios sean canalizados hacia las verdaderas prioridades: educación de calidad, innovación científica y tecnológica, y emprendimiento productivo sostenible…