Oscar Ortiz Antelo
Las renuncias de los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional, sumadas a las críticas presidenciales al sistema de justicia que su mismo Gobierno impulsó, marcan un nuevo hito en el proceso de destrucción de la justicia boliviana.
Estaba mal, hoy peor. La principal víctima, el ciudadano que sufre el Estado de indefensión. ¿Qué pasó? Algunos creen que frente al malestar ciudadano sobre el estado de la justicia y la responsabilidad del MAS por el abuso sin límites a la que la ha sometido, frente a las próximas elecciones nacionales han decidido sumarse a las críticas y salvar la imagen presidencial. Otros creen que en realidad el MAS está buscando un consenso nacional sobre la justicia y aprovechar para introducir la relección indefinida. Ambas versiones pueden ser verdaderas.
La reforma constitucional es un fracaso. Se le advirtió al MAS que la elección directa de los principales jueces del país era un experimento que ninguna otra nación había realizado. Lo forzaron a como dé lugar. Frente a la crítica ciudadana del cuoteo partidario anterior, realizaron una elección popular de candidatos exclusivamente seleccionados por su mayoría parlamentaria, descartando toda valoración de méritos profesionales. Posesionaron a jueces que habían sacado entre el 2% y el 4% del voto nacional, a pesar de que el 60% de la población había rechazado esta elección, votando blanco y nulo. Muchas otras medidas empeoraron la situación. Al limitar la posibilidad de dar cátedra universitaria y ejercer simultáneamente el oficio de juez, se forzó la renuncia de las personas más calificadas. No hay dudas que este tipo de medidas buscaba llenar de militantes masistas la justicia, y lo lograron.
Sin embargo, no son el poncho y la pollera los responsables de que la justicia se encuentre hoy con cáncer terminal. Es la manipulación política de la justicia que practicó y practica el actual Gobierno para perseguir a quienes piensan distinto, se oponen a él o pueden constituir una alternativa de poder. Es el sometimiento humillante y grosero al cual se redujo a los altos tribunales con tal de obtener fallos absurdos como el que autoriza la re-reelección. Es el menosprecio a la formación y experiencia profesional.
El Diario Exterior – Madrid