La metamorfosis de un hombre que hizo temblar a la dirigencia de Santa Cruz.
Con una gorra de la Policía de Nueva York, el devenido en superfiscal llegó a Santa Cruz y allanó domicilios. Era desconfiado y se quedaba a dormir en recintos policiales.
EL DEBER, La Paz, Bolivia
Desconocido, de pocas ideas, de escasa trayectoria y con militancia política: así recuerdan abogados y excolegas a Marcelo Soza, aquel que fue el fiscal más poderoso del país. Hoy, ni Soza ni su abogado quieren hablar del tema, no quieren responder a la forma en la que lo recuerdan sus excolegas. EL DEBER entrevistó a siete profesionales que estuvieron en contacto o que se relacionaron con la exautoridad, que, a condición de reserva, relataron y describieron cómo empezó y cómo se vinculó al denominado caso terrorismo.
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Según sus colegas, Soza, potosino de nacimiento, estuvo vinculado desde temprana edad al MNR. De hecho, en una entrevista televisiva realizada en febrero del año pasado, Soza admitió que fue militante de ese partido: “Pertenecí al MNR cuando era estudiante”. Sus conocidos lo ubican en 2001, cuando fue secretario de Cámara de la Corte Superior de Justicia de Potosí. Cuando el MNR inició su última gestión, Soza ingresó al Ministerio Público designado por el entonces fiscal general, Óscar Crespo, merced a los ‘contactos’ que tenía con el partido gobernante.
En 2003 no había carrera fiscal y por tanto fue designado por contrato desde la Fiscalía General. Ese año Soza, junto a otros cinco abogados, fue destinado a Santa Cruz, pero el fiscal de Distrito de entonces, Francisco Borenstein, se negó a posesionarlos como fiscales de materia.
La Fiscalía General no pudo imponerlos y Soza terminó en La Paz. Su destino fue la Fiscalía Antidrogas desde ese año. Luego vino la ‘guerra del gas’ y Soza se mantuvo en el cargo sin hacer ruido. Recuerdan que atendía casos irrelevantes y sin trascendencia. Dos años después, en 2005, hubo una convocatoria para exámenes de competencia, en cumplimiento de la nueva Ley del Ministerio Público, norma que creó a los denominados ‘fiscales de carrera’.
Puede ser que Soza hubiera dado el examen, pero ninguno de los entrevistados que los rindieron lo recuerdan. No estaba obligado a darlo. Tampoco recuerdan que hubiese participado de las capacitaciones que vinieron luego. “Él (Soza), no fue capacitado ni capacitador”, dicen.
Hubo incluso una selección de fiscales por trayectoria y los más connotados debían certificar la cantidad de juicios orales que habían administrado para acceder a cargos superiores. Soza no estuvo presente en esa selección. Las mejores notas integraron el Consejo del Ministerio Público y Soza no fue parte de él. Igual conservó su cargo, callado.
Los contactos
Pasó de narcóticos a delitos económicos y después recaló como fiscal de Diprove. Pero en 2009 llegó su oportunidad. Al descubrirse restos óseos en el Ministerio de Gobierno, se creyó que estaban ante un hallazgo de desaparecidos de la dictadura. Soza fue asignado al caso por Jorge Gutiérrez, compañero, amigo y fiscal de distrito de La Paz, que luego fue investigado por traficar con casos y cargos fiscales y pasó tres años detenido. Allí se comienzan a barajar las cartas que serían determinantes en el caso terrorismo. Los restos resultaron ser de animales, pero existen fotos de esa época de Soza junto a Evo Morales, Alfredo Rada y Carlos Núñez del Prado dentro de esos recintos. Aseguran que lo presentaron como ‘el fiscal de confianza’ de Gutiérrez.
Seis semanas después, Soza fue designado fiscal del caso terrorismo. Dicen que fue descrito como ‘el hombre ideal’, no tenía procesos en su contra: no tenía pasado.
Sus colegas aseguran que eso luego le jugó en contra, que hizo un trabajo deficiente en la investigación y preparación del juicio por el caso más bullado del país. Ni Soza ni su abogado quieren dar su versión sobre esto.
Sus colegas creen que hay un botón que sirve de muestra de su falta de pericia: la acusación formal contra los hoy enjuiciados por el caso Rózsa fue formulada tan mal que el juez que atendió el caso en la audiencia conclusiva, Rolando Sarmiento, juez Noveno de Instrucción en lo Penal, devolvió el documento y realizó muchas observaciones que obligaron a reformularlo por completo.
En ese momento, Soza aseguró que eran simples complementaciones. Hoy Soza está lejos de la Fiscalía, trata de pasar desapercibido, de no hacer bulla, pero cada vez le cuesta más.
La metamorfosis de un hombre que hizo temblar a la dirigencia cruceña
Marcelo Soza es recordado por sus colegas como un hombre discreto. El caso terrorismo cambió esa virtud. De pronto le fueron entregadas tres oficinas en el edificio del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), en la calle Indaburo de La Paz. En ese tiempo, en 2010, llegaba a su oficina a bordo de un pequeño vehículo Mitsubishi que parqueaba a pocos pasos del edificio. Contaba con un guardaespaldas asignado por el Ministerio de Gobierno y andaba armado.
La Fiscalía General, a cargo de Mario Uribe en ese entonces, designó una ‘comisión nacional de investigación’ para este caso, pero el único fiscal fue Soza. Sus colegas Patricia Santos y Prudencio Flores nunca fueron integrados. Santos hizo un informe refiriendo que renunciaba a esa comisión porque Soza se negaba a compartir información sobre el caso.
Prudencio Flores confirmó que no pudo integrarse a esa comisión. Sin embargo, Flores fue descrito como “parte del grupo de amigos” de Soza. Una fotografía lo ubica en su cumpleaños en compañía de otros fiscales. Pero las autoridades de entonces aseguran que la designación de fiscales en esa comisión era facultad de la Fiscalía General, que nunca dió paso a integrar a los otros fiscales y que Soza amenazaba con renunciar si se imponía a otros fiscales.
En 2011, sus excolegas comenzaron a ver cambios. Dicen que se compró otro Mitsubishi, pero esta vez era más grande y más nuevo. En mayo de 2013, el hijo mayor de Soza chocó una vagoneta de su propiedad y alegó un asalto Ningún testigo vio a nadie huyendo.
Hace un mes, Soza dijo que ya no vive en el departamento que tenía en la zona de Sopocachi, pero ese inmueble no fue vendido. Los que lo conocen aseguran que la exautoridad tiene otra casa en la residencial zona Sur de La Paz, en el barrio de Cota Cota, donde vivió hace tiempo. Este dato no pudo ser contrastado con Soza ni con su abogado, pese a la insistencia de EL DEBER.
HORA A HORA
Las diferentes caras de un FIscal que tuvo mucho poder
Nadie ubicaba a Marcelo Soza cuando se hizo cargo del caso terrorismo. Su único antecedente mediático había sido investigar los huesos encontrados en el Ministerio de Gobierno, que al final resultaron ser de animales y no de humanos. Pronto estaría en boca de todos los periodistas.
Comenzó en Potosí, en el sistema judicial
El primer cargo que le recuerdan es el de secretario de Cámara de la Corte Superior de Justicia de Potosí. Aseguran que su militancia emenerrista le valió ser contratado como fiscal al inicio del último mandato emenerrista, en 2002.
Siete años sin hacer ruido en La Paz
Pese a que pasó al menos por las fiscalías asignadas a narcóticos, delitos económicos y la Dirección Contra el Robo de Vehículos, Soza nunca fue muy visible. Solo con la llegada a la Fiscalía de La Paz de Gutiérrez comenzó a ser asignado a casos de mayor importancia.
El único dueño del caso más bullado
Pese a que era parte de una comisión de investigadores, sus otros dos colegas nunca asumieron su rol. Los que estuvieron a su lado aseguran que apartó a todos los demás cuando las computadoras de Rózsa fueron abiertas y los datos y fotos se revelaron.
La caída, bajo sospechas y procesos
Su visibilidad lo expuso demasiado. Cuando se destapó el caso extorsión, todas las miradas se volcaron hacia él. Ahora es investigado por dos grabaciones en las que supuestamente se escucha su voz y empresarios denuncian que él los extorsionó para apartarlos del caso.
La UTARC, los operativos y las declaraciones del caso terrorismo
Los testigos y actores del caso terrorismo describen dos fases del proceso hoy conocido como caso terrorismo: la investigación del grupo y la detención de los supuestos actores y el juicio. Aseguran que la supuesta célula terrorista estaba ‘perforada’.
Para la primera parte, las figuras de Luis Clavijo y Carlos Núñez del Prado fueron claves, incluso sus actuaciones trascendieron hasta la acusación presentada por Marcelo Soza. La denuncia contra el grupo de Rózsa fue gestada el 12 de abril de 2009; el 15 de abril se produce el atentado en la casa del cardenal Terrazas, un día después el operativo en el hotel Las Américas y en horas de la noche, Jorge Gutiérrez designa a Marcelo Soza fiscal del caso y debía viajar al día siguiente a la ciudad de Santa Cruz.
Los que participaron de la pesquisa aseguran que Clavijo no sólo estuvo presente el día del operativo, sino a lo largo de todo el caso, que fue él quien contactó a los que salieron del país y luego retornaron a declarar. Ahora dicen que Clavijo, junto con Carlos Nuñez del Prado, estuvieron a cargo del traslado, desde Argentina, de Juan Kudelka y lo entregó al equipo investigador de Marcelo Soza. Este hecho fue corroborado hace poco por el propio Kudelka en una entrevista con EL DEBER.
Fueron estas mismas personas las que presentaron a Ignacio Villa Vargas como el “testigo clave” al fiscal Soza. Los asesores del Ministerio de Gobierno que tenían relación permanente y directa con Soza eran Boris Villegas y Denis Rodas, detenidos en Palmasola acusados de extorsión.
Los investigadores del caso fueron relegados cuando se ‘desprecintaron’ las computadoras del grupo. Eso, según los responsables, equivalía al diario del Che, porque contenía todos los datos del grupo; la mayoría de los detenidos son resultado de esa pericia. La Fiscalía contrató a la empresa Yanapti para el trabajo, pero el ingeniero encargado de todo fue Julcar Zeballos, quien desveló todos los discos duros de las computadoras y los celulares del grupo de Rózsa. Hoy Zeballos trabaja para el Ministerio de Gobierno en la dirección de Inteligencia de Seguridad del Estado.
El otro detalle es la actuación de la Unidad Táctica (Utarc), dirigida y comandada por el entonces capitán Andrade. Fue este grupo el que actuó en todas las detenciones. Cuando los acusados denuncian golpizas en sus traslados, en realidad los actores fueron los de esta unidad porque ellos eran los responsables de todos los operativos. Las víctimas creían que eran golpeadas por los policías que les tomaban las declaraciones.
Existen grabaciones de video de las declaraciones de los acusados, EL DEBER observó los videos de Ignacio Villa, Juan Kudelka, Alcides Mendoza y Juan Carlos Gueder, a quienes se les advierte de esta grabación en previsión de futuras denuncias y cada uno autoriza la grabación, aunque ahora, afirman los responsables, esas grabaciones no tienen valor legal por no estar legisladas.
EL DEBER se contactó con la oficina de Alfredo Rada, que se desempeña como viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, pero indicaron que no se referiría a este caso.