LEY LABORAL. En Bolivia, las sanciones pueden ir desde multas pecuniarias hasta la cárcel por no respetar las normas laborales. El Ministerio de Trabajo se volvería en un ente más coercitivo en favor del empleado. 
El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, se reunió con el líder de la COB y el titular de la CEPB.
EL DEBER
La Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno trabajan en un anteproyecto de ley que establezca sanciones pecuniarias e incluso cárcel para los empresarios que no cumplan con las leyes laborales.
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La normativa es trabajada en una comisión económica entre ambos sectores y que puede presentarse a la Asamblea Legislativa para que el presidente Evo Morales la promulgue este 1 de mayo, como regalo en el Día del Trabajador.
“Esperamos que este 1 de mayo se apruebe la ley de carácter coercitivo, que garantice la estabilidad laboral en las empresas públicas y privadas y que los empresarios no se aprovechen del preaviso”, declaró ayer el máximo dirigente de la COB, Juan Carlos Trujillo.
Según el secretario de Finanzas de la COB, Oscar Tapia, no hay una instancia que haga cumplir las normas laborales a los empleadores y que si un trabajador gana un juicio laboral, ‘acata si le da la gana’.
Por eso se plantea que el Ministerio de Trabajo no solo sea un ente conciliador, sino que obligue al privado a cumplir con las normas bajo sanción económica o su detención.
La propuesta deviene desde el 2013, cuando la COB planteó un carácter coercitivo al ministerio del ramo y abría la posibilidad de incluirla en el proyecto de la Ley General del Trabajo.
El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, confirmó que se trabaja en el proyecto de la ley de reincorporación por estabilidad e inamovilidad, para los empresarios que no respetan la norma laboral. Allí se determinarán sanciones económicas y hasta judiciales como la cárcel.
“Lo que se quiere en esta norma es cortar la parte administrativa de los juzgados, para que se genere un juicio oral (en un pleito). El proceso va a tener que empezar y terminar en el mismo distrito judicial”, dijo.
Marco Dick, asesor laboral, aclaró que las resoluciones del Ministerio de Trabajo no tienen la calidad de cosa juzgada y como “no causan estado, están totalmente abiertas y revisables a una autoridad jurisdiccional”.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados, Daniel Sánchez, se negó a hablar. El representante de la Cámara de la Construcción, Christian Eduardo, dijo que las empresas no tienen condiciones de equilibrio en los contratos con sus trabajadores.
Su sector trabaja con el vicepresidente, en encontrar un equilibrio de los contratos.
Jubilados dan plazo para alza de rentas
Luego de su ampliado de emergencia, la Confederación de Jubilados de Bolivia dio plazo de una semana al Ejecutivo para que atienda su demanda de incremento del 10% de sus rentas para esta gestión.
En el acto, realizado en La Paz, se accedió a que la Central Obrera Boliviana (COB) se una a la comisión de negociación con el Gobierno.
Juan Carlos Trujillo, dirigente de la COB, expresó que buscarán un espacio de forma pacífica para hablar con el Ejecutivo y exponer la demanda de los jubilados.
El sector mantiene su emergencia nacional, pero resolvieron desmovilizarse, según el dirigente jubilado, Irineo Rivera.