Ministro Romero destaca 3 consensos entre el Gobierno, mineros y regantes para viabilizar Ley Minera de Bolivia.
Los ministros de Minería, César Navarro, y de Gobierno, Carlos Romero, informaron en conferencia de prensa de la remisión del contenido de los acuerdos, entre ellos el que modifica el artículo 151 de la ley de Minería referido a la imposibilidad de los cuentapropistas de firmar acuerdos con empresarios
La Razón Digital / La Paz
Los acuerdos con cooperativistas mineros y regantes fueron remitidos por el Gobierno a la Asamblea Legislativa Plurinacional para reactivar la aprobación de la ley de Minería, que fue suspendido en su tratamiento debido al conflicto con los cuentapropistas, informaron los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Minería, César Navarro.
Uno de los acuerdos modificó el artículo 151 del proyecto de ley y fijó que los cooperativitas mineros no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas, sean estas nacionales o extranjeras. El Gobierno, en contrapartida, comprometió que el Estado apoyará al sector con la viabilización de recursos económicos para el desarrollo de sus actividades.
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La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) activó sin resultados el conflicto, precisamente, demandando respetar su derecho de firmar acuerdos con terceros. Realizaron un bloqueo de caminos en abril con el saldo de dos cuentapropistas muertos en Cochabamba en un enfrentamiento con policías, que intentaban el desbloqueo.
Navarro explicó que los acuerdos fueron puestos en conocimiento de la reunión de gabinete de hoy y se definió remitirlos a la Asamblea Legislativa para reactivar el tratamiento y aprobación de la ley de Minería en el Senado.
“Los acuerdos reflejan un importante nivel de participación de los actores involucrados”, sostuvo la autoridad y explicó que los recursos para apoyar a los cuentapropistas provendrán del Fondo de Inversión Minera.
El fondo “es una institución destinada, fundamentalmente, a prestar recursos económicos a los cooperativas mineras para desarrollar diferentes actividades, lo que se requiere para este instrumento es mayores recursos económicos”, sostuvo Navarro, quien reemplazó en el cargo al destituido Mario Virreira a causa de los conflictos y problemas en la redacción del proyecto de ley sectorial.
Los contratos de riesgo compartido tendrán hasta un año y medio para ser adecuados a la nueva normativa que entrará en vigencia, mientras tanto está en curso el trabajo de fiscalización de los acuerdos firmados entre cooperativistas y empresas.
Con los regantes los acuerdos están orientados garantizar mecanismos de preservación del medio ambiente, y la mitigación y control de los efectos de las actividades mineras.
Romero destaca 3 consensos entre el Gobierno, mineros y regantes para viabilizar Ley Minera
Miércoles 30 de abril de 2014. Los ministros de Gobierno Carlos Romero y de Minería Cesar Navarro en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. (Foto ABI)
La Paz, 30 abr (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, destacó el miércoles el alcance de tres consensos entre el Gobierno, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) y los regantes para viabilizar la aprobación del proyecto de Ley de Minería y Metalurgia en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
‘Se ha podido superar cualquier tipo de diferencias y ratificar los consensos, estamos hablando de tres consensos que se ha logrado para viabilizar la Ley Minera, el primero con Fencomin, el segundo con los regantes y el tercero entre Fencomin regantes y el Gobierno Nacional’, dijo en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.
Sostuvo que esos acuerdos que están reflejados en documentos han sido debidamente sistematizados y suscritos por las partes participantes.
‘En consecuencia hemos eliminado todos los escollos que impedían un adecuado tratamiento del proyecto de Ley Minera en el ámbito de la Asamblea Legislativa Plurinacional’, dijo.
Recordó que el proyecto de Ley Minera fue observada por dos sectores sociales: Fencomin y los regantes, el primero que no estaba de acuerdo con algunas modificaciones incorporadas en la Cámara de Diputados, relativas a la posibilidad de suscribir contratos con empresas privadas y la aprobación de los contratos mineros futuros por el Legislativo.
‘Por lo que esto generó un escenario de conflictivilidad social de polarización, de posicionamiento entre el Gobierno Nacional y Fencomin en determinado momento, pero que afortunadamente han sido superadas estableciéndose que los únicos contratos de asociación admisibles en el marco de la Constitución Política del Estado son aquellos que los actores productivos mineros puedan suscribir con el Estado a través de Comibol’, aclaró.
Apuntó que se ha establecido un plazo de 90 días para la aprobación legislativa de los nuevos contratos mineros que puedan ser otorgados por el Estado con relación a los actores productivos mineros y si en caso no se cumple este plazo deberán reputarse como dados por aprobados por aplicación del silencio legislativo.
‘Con estos elementos centrales básicamente han sido superadas las diferencia con el sector de los cooperativistas mineros y se ha arribado a un acuerdo, también se ha trabajado con los regantes que observaron algunos artículos referidos a los recursos hídricos y a la gestión del medio ambiente con relación a la actividad minera’, dijo.
Aclaró que los recursos y el acceso al agua corresponden al ámbito del dominio público, por lo que se clarificó la formulación técnica para no dejar ‘ninguna ventana abierta’ a la posibilidad de una apropiación privada de recursos hídricos.
‘Igualmente se ha clarificado el hecho de que en caso de producirse daños ambientales esos deberán ser en la medida de lo posible reparados por el operador’, agregó.
Romero puntualizó que también se incorporó una previsión garantista, en sentido de que cuando se advierta objetivamente un impacto ambiental adverso esa actividad minera inclusive podría ser interrumpida en su ejercicio, previéndose una figura de paralización de actividades mineras.
‘Asimismo se ha establecido que en las áreas protegidas los operadores mineros se someten a las reglas de manejo del área protegida, que como saben varían de acuerdo a las categorías de clasificación de áreas protegidas siendo más rígidas en parques nacionales y menos rígidas en otras áreas de manejo integrado de áreas protegidas’, complementó.
El Ministro de Gobierno aseguró que las observaciones de los regantes han sido adecuadamente debatidas, analizadas y trabajadas de manera conjunta con el Gobierno.