La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de divulgar su informe anual 2013, donde se consignan diversas amenazas a la libertad de expresión en Bolivia.
El documento registra múltiples agresiones contra medios y periodistas, algunas de ellas a manos de altos funcionarios públicos y otras ejecutadas por “movimientos sociales” afines al oficialismo.
También se advierte sobre amenazas de procesos judiciales contra periodistas, como la realizada por el director general interino del Instituto Nacional de Estadística (INE), molesto por lo que él denominó “cuestionamientos sin sustento” contra el Censo de Población y Vivienda.
Otro punto tiene que ver con las “declaraciones estigmatizantes” por parte de autoridades gubernamentales contra medios y periodistas. El documento cita la acusación genérica de Evo Morales contra comunicadores a los que tildó de “instrumentos del imperio y la clase política”, así como la proferida por el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, contra el entonces director de Página Siete, Raúl Peñaranda, señalándolo de “portavoz de la fuerza política anti boliviana”.
“La Relatoría Especial recuerda que los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento, tales como periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos y deben atender al contexto en el cual se expresan para asegurarse que sus expresiones no constituyan, en palabras de la Corte, ´formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento`”, dice el informe.
La CIDH también manifiesta su preocupación por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación a “la ambigüedad de las cláusulas que consagran ciertas excepciones, como la que se refiere a la información que ´ponga en riesgo la seguridad o defensa del Estado`, la información cuya divulgación ´implique riesgo inminente para la estabilidad del país, su economía, sus recursos o el interés público`, la información sobre ´estudios de impacto ambiental` y otras informaciones ´determinadas por Ley o Decreto Supremo`”.
Con seguridad, el documento será recibido por la administración de Evo Morales con previsibles descalificaciones contra la CIDH, a la cual los gobiernos del eje populista-autoritario acusan de “imperialista” por denunciar violaciones a los derechos humanos en estos regímenes…