Las denuncias por la relación contractual de la cuñada del vicepresidente Alvaro García con la estatal Boliviana de Aviación (BoA), supondrán un costo político para el MAS en las elecciones, según analistas.
Prevén costo político para el MAS por caso BoA
Analistas ven desgaste del vice.
Los Tiempos
El vicepresidente, Álvaro García, en la conferencia de prensa en la que dijo que pediría a BoA rescindir el contrato con su cuñada, a fines de marzo pasado. Abi Agencia.
Las denuncias por la relación contractual de la cuñada del vicepresidente Alvaro García Linera con la estatal Boliviana de Aviación (BoA), supondrán un costo político para el MAS en las elecciones, según los analistas Jorge Komadina, Marcelo Silva y Carlos Cordero. Aunque ven que la imagen del presidente, Evo Morales, es sólida.
Para Komadina y Cordero, el costo político es innegable; mientras que Silva consideró que si bien puede haber un costo electoral, puede ser atenuado si el Gobierno asume acciones para esclarecer los hechos.
El costo político se va a expresar en un descrédito de la figura del Vicepresidente, señaló Komadina quien considera que las denuncias hechas por el vocero de Unidad Nacional (UN) Arturo Murillo, sobre el presunto tráfico de influencias de García para beneficiar a su cuñada, Silvana del Castillo, causaron “indignación” en gran mayoría de los ciudadanos e inclusive dentro del propio MAS.
Días después, Murillo denunció más vínculos laborales en torno a BoA y la Vicepresidencia que involucran a la jefa de gabinete de García (Mariana Prado), al gerente de BoA (Ronald Casso) y a su hermano (Winston Casso).
Komadina afirmó que el capital moral del Vicepresidente ha sido deteriorado, a pesar de que se intentó dar al tema un cariz meramente administrativo. Añadió que, en términos estrictamente legales, García puede no tener responsabilidad; pero no se debe perder de vista que también está en juego la legitimidad y la ética.
Sin embargo, señala que hay que diferenciar el costo político personal del partidario o gubernamental.
“No creo que cause daño a la imagen del Presidente (Evo Morales) porque él no está involucrado”.
Cordero coincidió en que habrá costo político; pero disiente en que será sólo para García. Considera que la pérdida de credibilidad del ciudadano repercutirá en ambos y puede restar la intención de voto o, finalmente, el voto pues “ambos llegaron al poder denunciando hechos de corrupción, mostrándose y proclamándose como la reserva moral del país”; pero ahora la gente está “desencantada”.
Por su parte, Silva ve “muy difícil” que la imagen de Morales resulte afectada porque “es sólida” e “imponente políticamente”, por lo que sería difícil hacer ataques frontales en su contra. Entonces, al estar en un año electoral, “lo más inteligente podría ser tratar de dañar la imagen del Vicepresidente”.
Bajo ese panorama, las denuncias pueden tener efecto electoral, es por eso que la “obligación” del Gobierno es “transparentar” lo sucedido y darle “agilidad” a las investigaciones sobre el tema para ver qué ha sucedido y recuperar la imagen en torno al binomio del MAS.
“Creo que el Presidente está justificando las denuncias de corrupción, está intentando legitimar los hechos al señalar que en el pasado se hacía. ¿Entonces debemos hacerlo? La idea era que el Presidente extirpe la corrupción y no hay nada más costoso políticamente que una autoridad que no cumple con la palabra empeñada”, dijo Cordero.
Silva añade que “soslayar o quitarle importancia (a las denuncias) no es precisamente la mejor estrategia”.
Respecto a un posible cambio en el binomio electoral, Cordero lo ve “prácticamente imposible” pues hacer modificaciones sería aún más “catastrófico”, además, considera que “el binomio es muy leal entre sí”.
MAS CERRÓ FILAS
Conocidas las denuncias sobre presunto tráfico de influencias del vicepresidente, Álvaro García, el oficialismo y las organizaciones sociales afines al MAS cerraron filas en torno al vicepresidente.
El presidente, Evo Morales, dijo que “esa adjudicación es legal, tal vez no sea ética”.
Ayer, el secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Rodolfo Machaca, dijo que “seguramente todo está dentro el marco de lo legal” y que García “dio la cara” para explicar.
La Asamblea Legislativa no se pronunció para fiscalizar.