El abogado de los detenidos, Eduardo León, denunció ayer. Días antes del enfrentamiento en esa población paceña, las armas fueron confiscadas a pobladores de Palma Flor, pero les devolvieron, aseguró un jurista.
Página Siete. Los detenidos salen de uno de los salones de audiencias, tras la suspensión de la cautelar.
Página Siete / La Paz, Bolivia
Eduardo León, el abogado de cuatro de los detenidos por el caso Arcopongo, denunció ayer que las armas que se utilizaron para matar a tres pobladores estaban días antes en posesión de la Alcaldía de Inquisivi, en la provincia del mismo nombre del departamento de La Paz.
«Las armas que fueron confiscadas al grupo de Palma Flor han sido entregadas a la Alcaldía de Inquisivi, ahí las tenían en resguardo, incluso la Policía tenía esas armas. De manera extraña volvieron a los comunarios de Palma Flor”, explicó el jurista tras la suspensión de la audiencia cautelar de 11 detenidos por la muerte de tres pobladores durante un enfrentamiento en esa región.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Cooperativistas de Ullakaya Condorini y de Palma Flor se enfrentaron el domingo 18 de mayo por la explotación de oro en el río Chaquety, en la población de Arcopongo, hecho que dejó tres fallecidos: Antonio Flores y Mario Villegas, de la comunidad Palma Flor, y Gonzalo Cabrera Huanca, de la cooperativa Ullakaya.
Al respecto, el abogado de la Alcaldía de Inquisivi, Ricardo Blanco, manifestó que no conoce ninguna información al respecto. «Esta denuncia me causa sorpresa, no tengo conocimiento”, señaló ayer a Página Siete.
Sin embargo, la posesión de armas en Palma Flor no es reciente. Según León, los comunarios de Ullakaya denunciaron en al menos tres oportunidades que los de Palma Flor estaban armados.
«Denunciamos a las autoridades nacionales y departamentales pero no se hizo nada. La primera denuncia es del 24 de enero, la segunda de marzo y la tercera del 12 de mayo”, señaló.
La Policía y el Ministerio Público detuvieron a 13 personas como presuntas responsables de la muerte de los tres comunarios que fueron trasladados a La Paz (dos fueron liberados en días pasados) La audiencia de medidas cautelares fue suspendida ayer.
León manifestó que uno de sus defendidos, Edson Cahuana, fue encontrado con una metralleta en la mano pero denunció que todo fue «armado”. «En el enfrentamiento, el que corrió menos fue secuestrado, le pusieron una metralleta en el cuerpo y le hicieron caminar”, denunció el abogado.
Ningún jefe policial, ni de la fuerza anticrimen ni departamental, quiso brindar información respecto al operativo de detenciones que se realizó en la región.
León manifestó que el arma que fue encontrada en posesión de uno de sus clientes también estuvo retenida en la Alcaldía de Inquisivi. «Esta metralleta estaba en poder de la Alcaldía, pertenecía a los comunarios de Palma Flor”.
Pobladores de Inquisivi llegaron ayer hasta las puertas del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), ubicado en la calle Potosí, para pedir a las autoridades que dejen en libertad a los 11 aprehendidos. Con carteles en mano, se apostaron en la puerta principal para exigir «que se encuentren a los verdaderos responsables de la muerte” de las personas. Durante sus protestas impidieron el tráfico vehicular por unos minutos.
El alcalde de Inquisivi, Wálter Calle, no pudo ser contactado pese a los intentos de este diario.
Los detenidos
Arresto. De los 13 detenidos por el caso Arcopongo, dos fueron liberados luego de que la Fiscalía no encontrara indicios de culpabilidad en su contra. Los otros 11 pasaron la noche en las celdas judiciales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) para que hoy puedan comparecer ante un juez de Sica-Sica. Los imputados permanecieron con el rostro cubierto todo el tiempo.
Senado pedirá informe sobre el enfrentamiento
El primer secretario de la Cámara de Senadores, Efraín Condori, anunció ayer que pedirán un informe escrito a las autoridades del Órgano Ejecutivo sobre los enfrentamientos entre mineros cooperativistas y pobladores en la localidad de Arcopongo, La Paz, que dejó el saldo de tres personas fallecidas y varios heridos.
«Se está elaborando el cuestionario respectivo para ser enviado en el curso de las próximas horas a los ministros de Minería y de Gobierno, (César Navarro y Carlos Romero, respectivamente)”, indicó. La petición de informe también estará dirigida al gobernador de La Paz, César Cocarico, a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), al Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin) y otras instituciones involucradas en el tema. Condori explicó que con ese informe la Cámara Alta pretende conocer «cuáles han sido los móviles” para el enfrentamiento entre mineros cooperativistas, quiénes participaron, de dónde provino el armamento, cómo se cumple las leyes de armas y de avasallamientos, entre otros aspectos. Según un informe oficial, el 18 de mayo pasado cooperativistas mineros de la localidad Palma Flor se enfrentaron con mineros de la cooperativa Ullakaya Condorini. (ABI)