Jacqueline Patiño
No había sido casualidad que los gobiernos socialistas manden a la cárcel a todo aquel que se opone a ser esclavizado por el estado. Había habido una corriente de pensamiento que recién estoy conociendo. Se llama Derecho Penal del Enemigo.
Este derecho penal del enemigo existe, según el profesor Jakobs, y ha permeado las sociedades no solo actuales. El más antiguo indicio de su existencia, tal vez sea el juicio a Jesús, quien no tuvo derecho al debido proceso, y sin ser culpable, ni haberse probado culpa alguna, sufrió los horrores que la humanidad recuerda ya por miles de años.
Este derecho penal del enemigo reconoce que hay medidas excepcionales incorporadas dentro del ordenamiento procesal penal, que sirven solo para procesar enemigos, y se realiza su aplicación judicial y control constitucional, con un cinismo rayano en la locura.
La reacción contra el “enemigo” no se ha limitado al derecho penal, sino que ha tenido su contraparte en el derecho procesal penal. Es decir, existen medidas de limitación de derechos fundamentales cada vez más intensas, como en el caso de escuchas telefónicas, uso de agentes encubiertos, la video vigilancia, y la persecución, infamia y muerte civil para los “enemigos”. Por lo general, todo este paquete, sería utilizado para luchar contra la criminalidad de alta peligrosidad, pero los legisladores que están de acuerdo con la utilización del derecho penal del enemigo, soslayan el hecho de que los enemigos políticos, no son, en su mayoría, criminales peligrosos, sino solamente gente que los puede sacar del poder.
En el caso de Bolivia, desde los mecanismos para la construcción del enemigo, se ha superado cualquier antecedente de la propia historia del país, quedando en muchos casos la justicia sometida al ejecutivo de forma tan grosera, que cuesta encontrar algún resquicio para recuperar la institucionalidad de la justicia y su imperio sobre quienes han sido etiquetados como “enemigos” por el entorno de poder del gobierno actual.
Es importante que se encuentren los elementos que asistan a nuestros conciudadanos bolivianos que sufren el estigma de ser considerados “el enemigo”, pero más allá del oprobio, tenemos que tener no solo en la mente, sino en el corazón, que hay más de 500 familias bolivianas que sufren de indefensión en estas circunstancias, y que han tenido que dejar su patria, sus hogares, sus vidas, para escapar del Derecho Penal del Enemigo, instituido de facto por el gobierno dictador de Evo Morales, pero en especial de Álvaro García Linera, cuyo hermano está definitivamente vinculado al abuso de poder.
Todos podríamos sufrir en cualquier momento de esta dictadura, la aplicación del Derecho Penal del Enemigo en contra de cualquiera. Lo han sufrido ya, incluso cocaleros amigos íntimos del presidente, y gente común que nada tiene que hacer con la política. También lo sufren sectores sociales y gente profesional, que al menor error, ya sea de acción u omisión, se convierten en el “enemigo” favorito del momento, para distraer la atención del pueblo de los temas realmente importantes.
Por todo lo expuesto, es hora de que la comunidad de abogados que todavía no han caído en las redes de compra venta de conciencias que funciona en nuestro país, nos den una mano a los ciudadanos, para activar nuestra voz. Así, estamos decididos a exigir que todo pre candidato a la presidencia por la oposición, nos brinde su posición clara respecto a este manejo de la justicia.
Activar nuestras acciones para analizar y agendar el tema del Derecho Penal del Enemigo, es entonces, no solo algo deseable, sino más bien, algo imperativo. Algo así como ir al médico cuando estamos enfermos. Simplemente lógico. Completamente sanador.
