Potosí. Bajo la presión de campesinos movilizados, el Concejo del municipio potosino de Pocoata restituyó en su cargo al alcalde del gobiernista MAS, Teodoro Rueda Vásquez, imputado por la violación y asesinato de la auxiliar de enfermería Lucía Ch., en diciembre del año pasado.
Alcalde de Pocoata imputado por violación y asesinato es restituido
Indignación. La OJM recurrió a la CIDH y el CIDEM manifestó su malestar y protesta.
Político. El alcalde Teodoro Vásquez en un acto público en Pocoata. Juan Carlos Enriquez.
La Razón / La Paz
Bajo la presión de decenas de campesinos movilizados, el Concejo del municipio potosino de Pocoata restituyó en su cargo al alcalde Teodoro Rueda Vásquez (MAS), imputado por la violación y asesinato de la auxiliar de enfermería Lucía Ch., en diciembre del año pasado.
La restitución se produjo la noche del martes. La presidenta del Legislativo edil, Miriam Díaz, y los concejales Ezequiel Combata e Ismael Acarapi, votaron a favor y firmaron una resolución que permite que Rueda vuelva a su cargo. Aurora Villalta no asistió y Saida Chaca se abstuvo.
“Hemos sido presionados, la gente estaba enardecida, fue contra mi voluntad. ‘Si no aprueban, se van y suben los suplentes’ nos dijeron, con chicotes”, informó a La Razón el concejal Acarapi.
El 6 de diciembre de 2013, la Policía efectuó el levantamiento legal del cadáver de la joven de 25 años. Declaraciones de testigos, la prueba de luminol al vehículo donde se cometió el crimen —que Rueda ordenó lavar— y el extracto de llamadas apuntaron a él como el autor.
Rueda solicitó licencia, pues fue detenido preventivamente en la cárcel de Uncía el 10 de diciembre; sin embargo, obtuvo la libertad con medidas sustitutivas el 27 de marzo de 2014, luego de pagar $us 9.000 a la familia de la víctima para que desista del proceso. Tras conseguir ese objetivo, solicitó su reincorporación.
Ley. El alcalde fue imputado formalmente por la Fiscalía, que debe seguir el proceso pese al desistimiento familiar. Empero, no hay impedimento legal para que reasuma, ya que el artículo 144 de la Ley Marco de Autonomías dispone que una autoridad electa puede ser suspendida temporalmente cuando un juez dicte acusación formal en su contra.
La Oficina Jurídica de la Mujer (OJM) presentó una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer manifestó su indignación por la decisión de los concejales.
El 30 de abril, un cabildo campesino obligó a sesionar al Concejo y a devolver su cargo al alcalde. Sin embargo, los concejales desconocieron lo hecho alegando que actuaron bajo presión y llamaron a otra sesión.
Mientras tanto, intentaron verificar el estado del proceso, pero ni Emilton Jara, ni el juez Juan Colque les proporcionaron información. Jara sostuvo que se negó porque el cuaderno de investigaciones no “está al alcance de cualquier persona”. Desde el lunes, unos 150 pobladores de comunidades vecinas se apostaron en la puerta de la Alcaldía.
“Ellos vinieron a presionar con chicotes a los concejales para que Rueda vuelva, estaban agresivos y Rueda estaba metido entre ellos”, denunció la concejal Villalta. Julieta Montaño, directora de OJM, con sede en Cochabamba, informó que se envió una comunicación a la CIDH para exigir celeridad en el proceso y evitar la impunidad.
Activistas. “Denunciamos el incumplimiento de las autoridades del Ministerio Público y del Órgano Judicial de su obligación de actuar con la debida diligencia ante la violación del derecho a la vida por parte de un agente estatal como es Teodoro Rueda Vásquez. Exigimos celeridad para la conclusión de la investigación y la realización del juicio oral contra los que resulten autores materiales, cómplices y encubridores de la violación y asesinato”, señala un comunicado de esta organización.
El Cidem, a su vez, expresó su malestar e “indignación” por esta restitución a través de otro comunicado.
“Es repudiable que la autoridad en vez de ser sancionada regrese a ejercer sus funciones, después de que hubiera pagado a la familia de la víctima para que deje de lado una querella en su contra. Habría que investigar al juez Emilio Fonseca, quien emitió el mandamiento de libertad “, sostuvo.
Miedo en el Concejo y los riesgos
Temor
“Ya no hay garantías. Tengo miedo de trabajar aquí. Funcionarias mujeres (de la Alcaldía) se están retirando”, denunció la concejala Aurora Villalta.
Medidas
Cuando el juez de Colquechaca Emilio Fonseca otorgó la libertad con medidas sustitutivas a Teodoro Rueda, el fiscal Emilton Jara advirtió el riesgo de obstaculización de la justicia, ya que el imputado ordenó lavar el vehículo donde se cometió el crimen.