El caso “misiles chinos” es juzgado en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
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La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, aceptó ayer, dentro de la audiencia conclusiva del caso "misiles chinos" el pedido de la defensa de algunos de los acusados que observaron la participación del Ministerio de Defensa y del Ejército en el grupo de querellantes dentro de ese proceso.
Después de analizar el planteamiento hecho por la defensa del general Marco Vásquez y del coronel Ciro Valdivia, que objetaron la participación de esas dos instituciones debido a que se habían adherido a la demanda fuera de los términos legales permitidos, el Tribunal determinó que ambas instituciones ya no participarán en el proceso como querellantes.
La abogada del general Vásquez, Daniela Vásquez, dijo que la demanda presentada por el Ministerio y el Ejército fue admitida fuera de plazo por la Fiscalía General y aseguró que esas dos instancias no acreditaron su calidad de víctimas en el proceso.
"Los querellantes pueden querellarse antes de la acusación fiscal y en este caso, los imputados fueron notificados con la acusación el 28 de marzo y el Ministerio de Defensa recién presentó su querella el 4 de abril lo cual no corresponde por el principio de legalidad", afirmó Vásquez.
La audiencia conclusiva dentro del caso "misiles chinos" continúa en el Tribunal Supremo de Justicia, y este martes los acusados volvieron a presentar incidentes de observaciones a la acusación formal presentada por la Fiscalía, los cuales deberán ser resueltos por la Sala Penal en el propósito de "sanear" el proceso de responsabilidades.
ACUSADOS En este proceso están acusados el ex Ministro de Defensa Gonzalo Méndez, declarado rebelde, el almirante Marco Antonio Justiniano, también rebelde; el general Gonzalo Rocabado Mercado, que cumple una pena por el caso Octubre Negro; el senador y general de Ejército Marcelo Antezana y los militares Marco Antonio Vásquez Ortiz, David René Torrico Vargas, Víctor Hugo Cuéllar Balcázar, Wílber Sánchez, Ciro Valdivia Murguía y Ernesto Caballero.
El caso se originó el 2005, cuando fueron entregados 30 misiles de fabricación china, de propiedad de las Fuerzas Armadas de Bolivia, a Estados Unidos, que se encargó de su desactivación, bajo el argumento de que el material bélico podía llegar a manos de terroristas.
El juicio que se desarrolla actualmente en Sucre, se fundamente en la violación a la soberanía nacional.
Fuente: Opinión