EXPRESIDENTE,GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA (AGENCIAS)
El juez federal de Florida, James Cohn aceptó la demanda por presuntas violaciones a los derechos humanos contra el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, acusados de una serie de matanzas extrajudiciales realizadas por militares en 2003 para contrarrestar protestas callejeras ,conforme publica la AP.
El fallo fue emitido el martes y consideró que los demandantes pueden seguir adelante con los reclamos, amparados por la ley de protección a las víctimas de la tortura. Los nueve demandantes son familiares de personas muertas por la violencia hace más de una década.
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Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín buscaron que la demanda fuera desechada alegando, entre otras cosas, que no existe ningún vínculo del caso con Estados Unidos (EE.UU.). Los dos, sin embargo, viven actualmente en ese país.
La decisión del juez de la ciudad de Fort Lauderdale, vecina a Miami, implica que las víctimas podrían buscar una compensación económica por parte de los exfuncionarios de su país.
Ana C. Reyes, abogada del bufete Williams & Connolly que representa a los dos exfuncionarios bolivianos, dijo en un mensaje de correo electrónico enviado a la AP que buscarán apelar la decisión del juez que permite a los demandantes proseguir con el caso.
El caso, que corresponde a dos demandas separadas de 2007 y 2008 que fueron consolidadas, se refiere a una supuesta serie de masacres contra civiles bolivianos durante un período de protestas en ese país en 2003.
Los demandantes son nueve bolivianos que representan a ocho civiles que murieron en ese período, presuntamente tras haber sido asesinados por soldados que estaban bajo el mando de Sánchez de Lozada y su por entonces ministro de Defensa.
Sánchez de Lozada, que fue elegido para un segundo mandato en junio del 2002, enfrentó generalizadas protestas contra su objetivo de exportar gas natural a Estados Unidos y México a través de Chile.
En su primer gobierno (1993-1997), esas protestas habían sido durante la llamada "guerra del agua".
De acuerdo con los demandantes, tras asumir el poder por segunda vez, los acusados forjaron estrategias que incluían matanzas extrajudiciales junto con sus colegas políticos y militares para contrarrestar la oposición a sus planes.
Las protestas comenzaron a comienzos del 2003, pero en lugar de buscar una solución pacífica, los acusados emplazaron en las calles a las fuerzas militares, lo que provocó decenas de muertos y centenares de heridos, de acuerdo con la demanda. Entre las víctimas había niños y mujeres, según los documentos utilizados por el juez para tomar su decisión.
La muerte de 63 manifestantes y más de 400 heridos precipitaron la renuncia de Sánchez de Lozada y su salida hacia Estados Unidos.
Los gobiernos sucesivos han pedido su extradición para que sea juzgado por esas muertes.
Los demandantes son Eloy Rojas Mamani, Etelvina Ramos Mamani, Sonia Espejo Villalobos, Hernán Apaza Cutipa, Juan Patricio Quispe Mamani, Teófilo Baltazar Cerro, Juana Valencia de Carvajal, Hermógenes Bernabé Calisaya, Gonzalo Mamani Aguilar, y Felicidad Rosa Huanca Quispe.
Los fallecidos a los que ellos representan son Marlene Nancy Rojas Ramos, Roxana Apaza Cutipa, Marcelino Carvajal Lucero, Teodosia Morales Mamani, Lucio Santos Gandarillas Ayala, Jacinto Bernabé Roque, Arturo Mamani Mamani, y Raúl Ramón Huanca Márquez.
En Bolivia el abogado de las víctimas de octubre, Rogelio Mayta, aplaudió la determinación del juez norteamericano y dijo que este fallo permite a las víctimas de la “masacre” del 2003 a continuar con la demanda y sentar en el banquillo de los acusados al Expresidente de la República y a su Exministro.
Fides