Raúl Peñaranda U.
Es difícil de descifrar la intencionalidad detrás de la decisión del Gobierno de acusar al diario paraestatal La Razón de ‘espionaje’ y de ‘revelar secretos’. La primera reacción obvia es que esa denuncia genera dudas justamente si se considera que, como demuestro en mi libro Control remoto, ese diario es controlado periodísticamente por el oficialismo.
La otra fuente de dudas es que el artículo por el que se acusa a La Razón de esos graves delitos, titulado De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los actos unilaterales, y publicado el 13 de abril por el periodista Ricardo Aguilar, no hace absolutamente ninguna revelación que sea digna de mencionar. Todo lo dicho ahí era conocido con anterioridad por todos los lectores de diarios, bolivianos y de otros países. El centro de la demanda boliviana, es decir, no buscar la anulación del Tratado de 1904, sino intentar forzar a Chile a que cumpla sus promesas de resolver el tema del mar, había sido dada a conocer un año antes (24 de abril de 2013) al presentarse la demanda ante La Haya y que fue publicada en el sitio web de ese Tribunal Internacional. Así que la nota de La Razón, al no desvelar nada especialmente nuevo sobre la estrategia boliviana que no se hubiera explicitado antes, no es pasible de ninguna sanción.
Pero aún ante tan grave acusación la publicidad gubernamental ha seguido llegando a raudales a La Razón, pese a que, según los criterios de la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, debería haberse suspendido. Dávila dijo, en enero, que un medio no puede recibir publicidad estatal si no trabaja “de acuerdo a los intereses nacionales”. Si La Razón, nada menos, comete ‘espionaje’ y ‘revela secretos’ a un tercer país, entonces está en una situación aún más delicada de la que supuestamente está Página Siete (que tiene prohibida la publicidad gubernamental) y, por tanto, debería suspendérsele toda la publicidad estatal también a ese diario. Ello no ha sucedido. Desde la primera mención al supuesto espionaje de La Razón, el 16 de abril, han salido en ese diario 48,25 páginas de publicidad estatal. A un promedio de 700 dólares por página, solo desde esa fecha, La Razón ha obtenido de las arcas estatales (dinero de todos los bolivianos) un monto de $us 33.775. En ese mismo periodo, medios como Fides, Erbol o Página Siete no han recibido ni un solo dólar.
Por eso, la estrategia oficialista de iniciar un proceso legal tan serio contra un periódico que pertenece a su órbita, es también muy riesgosa: o le quitan la publicidad y el juicio sigue o se demuestra que la acusación es parte de una tramoya.
El Deber – Santa Cruz