Moira Sandoval C.*
Hace pocos días, mediante el internet vi al alcalde Percy Fernández, en sesión pública, faltar el respeto a una reportera, en su condición de mujer.
Inmediatamente, distintos grupos e individualidades de mujeres expresaron su indignación y su congoja por “otra más de Percy” y la dignidad de la mujer tan mellada últimamente por las autoridades masculinas.
De las noticias, observé que la forma más protagónica –aunque no efectiva- de salir en defensa de la agraviada, fue la presentación de una denuncia de parte de la diputada Revollo, por abuso deshonesto, violencia sexual y discriminación, pidiendo cuatro años de cárcel para el burgomaestre, requiriendo a la víctima, sumarse a la denuncia. Discrepo parcialmente con la tipicidad de los delitos.
Por la experiencia reciente, se sabe que los juicios contra cualquier autoridad en el país, no prosperarán por los siglos de los siglos mientras éstas sigan ejerciendo poder en el actual sistema de co-dependencia de órganos del estado (contrario a la independencia de poderes).
Ello no impide que identifiquemos y censuremos con claridad, que ciertas conductas se encuadran de manera típica en los presupuestos jurídicos de la Ley N° 348 de 9/3/2013 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, correspondiendo la persecución penal contra el autor.
A mi modo de ver, no cabe duda que la acción desplegada por Percy Fernández, puede representar el acto típico de la violencia simbólica contra la mujer, aquél descrito en el Artículo 7, numeral 5) de la ley 348, expresando que son los mensajes, símbolos o valores, e imposiciones sociales y políticas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, naturalizando la subordinación de las mujeres.
Puedo afirmar que la recurrente humillación y burla que profesa el alcalde Fernández al género femenino, grafica el significado de la violencia simbólica hacia la mujer. Con ello queda ya en segundo lugar el presidente Morales y sus ofensivos comentarios sobre mujeres yuracarés (que en su oportunidad censuré).
No es la primera vez que miembros del MSM, del UN, o del mismísimo MAS, se rasgan las vestiduras ante las afrentas de algún alcalde, concejal, diputado o ministro, sobre la dignidad de mujeres de su entorno familiar o laboral.
Consiguientemente, anuncian e inician juicios, de manera preferencial cuando el escándalo acapara la atención mediática nacional. Y esto no es casualidad, ya que representa la forma más barata (en sentido lato de la palabra), cómoda y oportunista de saltar a la cresta de la ola publicitaria –tan necesaria en tiempos electorales- justamente a costa de lo que reprochan: haciendo efecto multiplicador de la humillación pública recibida por alguna mujer.
Es verdad que hay activistas de género que hace décadas ya militan en la defensa de las mujeres, loable labor que les confiere autoridad moral para opinar, censurar, exigir y reivindicar en asuntos como el que motiva estas líneas. Aunque, por cierto, nadie les haya conferido la vocería para tal cometido.
No es menos cierto, que para hacer valer su posición política de género -crítica con la participación de las mujeres en las pasarelas de moda y de concursos de belleza- aplican métodos que emulan precisamente aquello que reprochan: mediante el uso del cuerpo de la mujer como vehículo para expresar, con el desnudo, cuasi artístico, cuasi ridiculizador, cuasi provocador de la religión, cuasi exhibicionista, cuasi valiente, cuasi innecesario…
Al fin y al cabo había sido justificado mostrar el cuerpo desnudo de la mujer cuando los fines son reivindicativos, pero no cuando la propia mujer por propia decisión, comercializa con su cuerpo, en el ejercicio soberano de ese derecho. Aguda contradicción.
No es mi intención oponerme a la labor que desempeñan tanto la diputada, como la feminista, la activista, o la esposa del político, todas ellas en defensa de las mujeres, puesto que su actividad puede ser útil y productiva en la medida que contribuyan a la consolidación de normas y de un sistema garantista y respetuoso hacia la mujer. Pero mejor contribución sería la coherencia personal y política de sus actos.
Al respecto, debo aclarar que siento rechazo por la hipocresía social de censurar públicamente lo que día a día se practica en los círculos familiares, laborales, sociales, religiosos, políticos, pero que es sustentada en los hechos con las contradicciones de las autoproclamadas defensoras de las mujeres.
La diputada que pide igualdad y censura la discriminación, pero que a su vez, se beneficia de la carrera política-conyugal para asegurarse un curul.
Las feministas que repudian el uso estético, artístico y económico del cuerpo de la mujer, pero que aplican el mismo método de exhibición femenina para llamar la atención sobre sus postulados.
Es imprescindible que la sociedad avance en dejar en el pasado las prácticas de desprecio, humillación y subordinación de la mujer, en todos los ámbitos.
Es necesario que no solo las mujeres, sino también los hombres repudien estos actos de violencia simbólica sobre las mujeres, donde la agraviada recibe la solidaridad general, más no existe castigo efectivo y ejemplarizador para el transgresor.
En este sentido, considero que seguirle un proceso penal a Percy Fernández -habida cuenta que ya pidió disculpas públicamente- quedará en el anecdotario del devenir político -de estos tiempos especialmente violentos hacia las mujeres- insólita circunstancia, precisamente cuando existen más leyes protectivas hacia ellas.
¿Qué es, entonces, lo que estimula o permite que las autoridades masculinas (de manera reincidente en el caso del burgomaestre) ejerciten la violencia simbólica contra mujeres de todos los niveles de la sociedad?
No es otra cosa que la impunidad, y no aquélla que se refiere a la verdad jurídica determinada por un juzgador en el ámbito jurisdiccional, sino aquélla que es ejercida por la sociedad en su conjunto. La aprobación –sinónimo de impunidad- o desaprobación -sinónimo de condena- expresada en el sufragio y el veredicto del voto popular.
Será, entonces, menester, que el pueblo juzgue a sus autoridades en el momento oportuno, sobre las actitudes que son rechazadas y las que merecen elogio. Para eso, solo tenemos que esperar que la conciencia de respeto e igualdad de género pueda florecer en las nuevas generaciones, para transformar los paradigmas de nuestra cultura violenta, y así dar el mensaje a las autoridades que los mensajes simbólicos que transmiten violencia, serán motivo para ser removidos de sus cargos.
Mientras eso no ocurra, dudo que los juicios, los intercambios de acusaciones, vehementes declaraciones y parafernalia política, resuelvan el problema pendiente.
La sobreactuación en defensa de las mujeres, carentes de coherencia existencial y política, obedece entonces a un afán de figuración mediática en lo que yo vendría a llamar un típico “oportunismo de género”, perversamente común en época electoral.
Así entonces, la periodista en cuestión, es víctima de la violencia simbólica ejercitada por Percy Fernández, doblemente víctima por la impunidad política de dicha autoridad y víctima además, del oportunismo de género de las que dicen representarla.
*Abogada, miembro de la Academia de Ciencias Penales de Bolivia