Fiscalía de La Paz imputará hoy a 11 detenidos. Declaratoria. Con la inmovilización temporal del área nadie puede explotar el lugar.
Investigación en Arcopongo se ampliará a funcionarios públicos
Info solicitudes empresas mineras.
La Razón / La Paz
El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, aseguró ayer que tanto cooperativistas como funcionarios públicos serán investigados por los enfrentamientos en Arcopongo, provincia Inquisivi de La Paz, y que derivó en la muerte de tres personas y varios heridos la semana pasada.
“Creo que existen corresponsabilidades de muchas autoridades, personas e instituciones, y esos elementos tenemos nosotros que resolverlos. Por un lado tenemos la vía penal para establecer responsabilidades individuales y penales de quienes han incentivado el conflicto, los hechos violentos y armados; ya existen 13 detenidos para ver los niveles de responsabilidad”, manifestó ayer la autoridad en una conferencia de prensa.
El 23 de mayo, el gobernador de La Paz, César Cocarico, culpó a la Cooperativa Ullakaya Condorini de ser la responsable de los actos de violencia ocurridos entre el 15 y 18 de este mes en las comunidades La Plaza, Palma Flor y La Plaza B de Arcopongo por la disputa en la explotación de oro en el río Chaquety, y confirmó la muerte de tres personas por heridas de bala.
Sin embargo, un día antes, el 22 de mayo, el abogado de Ullakaya Condorini, Eduardo León, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra las diputadas del MAS Gladys Vargas Escóbar y Julia Figueredo, el asambleísta departamental Juan Marca y el viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas del Ministerio de Trabajo, Tiburcio Aguilar Márquez. León los acusa de haber facilitado la obtención de personería jurídica a un grupo de comunarios de Palma Flor en menos de 72 horas para que puedan explotar oro en el río Chaquety de Arcopongo.
Con relación a esas acusaciones, Navarro dijo que no se encubrirá a ninguna de las partes pues ni uno de los actores involucrados en el conflicto “son angelicales”, por lo que existe corresponsabilidad de ambas partes por la explotación de oro de manera ilegal.
El domingo, La Razón publicó que el viceministro Aguilar negó que haya utilizado sus influencias para hacer aprobar en 72 horas la personería jurídica de la Cooperativa Palma Flor. Argumentó que “hay documentación” que prueba que la solicitud de licencia es del 15 de marzo de 2013 y su trámite salió en julio de ese año. Con documentación en mano, el ministro Navarro indicó que hay 23 solicitudes de áreas para explotar oro en el río Chaquety, pero que ninguna tiene autorización (ver infografía).
Con la futura Ley de Minería, para que haya actividad cerca de las cuencas y ríos, éstas deben ser aprobadas por un informe multisectorial.
Se hará un rastrillaje en la zona
Armas
Con relación a las armas de fuego utilizadas en los enfrentamientos, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó: “Que haya fusiles máuser no es muy extraño, porque en el campo hay muchos, pero que haya FAL, eso sí nos llama la atención, porque son armas de largo alcance. Haremos rastrillaje en la zona para identificar si hay otro tipo de armamento”.
Aeronaves
El gobernador César Cocarico señaló que la cooperativa Ullakaya Condorini usó helicópteros en 5 oportunidades.
Fiscalía imputará hoy a 11 detenidos
La audiencia de medidas cautelares sobre el caso Arcopongo se realizará hoy. De los 13 aprehendidos por los enfrentamientos en esa localidad, la Fiscalía imputará solo a 11, puesto que dos fueron liberados ayer porque no se les encontró responsabilidad en los enfrentamientos.
El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Édgar Ramiro Téllez, informó a Cadena A que “el juez a cargo del caso determinó la libertad de esas dos personas” y los 11 restantes se encuentran en calidad de aprehendidos, sin dar los nombres de éstos. “Mañana serán trasladados a la Corte Superior de Justicia (sic) para ver las medidas cautelares”.
La tarde de ayer, varios medios de comunicación informaron que tres de los 13 aprehendidos en Arcopongo fugaron de la Fiscalía de La Paz, a minutos de brindar sus declaraciones por los enfrentamientos suscitados entre el 15 y 18 de mayo en esa localidad y que dejaron como saldo la muerte de tres personas por armas de fuego.
Respecto a estas tres personas, Téllez aclaró a Cadena A que éstas no formaban parte de los 13 aprehendidos, sino que fueron citadas a declarar a la Fiscalía porque estaban siendo buscadas. “Aclarar que esas tres personas que fueron retiradas de la Fiscalía no forman parte del grupo de las 13 personas que han sido trasladadas de Arcopongo. Éstos (otros) han sido detenidos en la calle”, señaló la autoridad policial.
El futuro del área aurífera en conflicto se definirá en junio, en una reunión entre el ministerio del área, la Gobernación de La Paz, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin). No descartó que el Estado se haga cargo de la zona con la Empresa Boliviana del Oro.