UNODC y Fiscalía de Bolivia firman un convenio antinarcóticos

Acuerdo. El Ministerio Público dará información sobre interdicción.

La UNODC y Fiscalía firman un convenio antinarcóticos

imageLa Paz. El fiscal Ramiro Guerrero y el delegado de la UNODC, Antonino de Leo, suscriben el acuerdo. Fiscalía General.

La Razón  / La Paz



Los titulares de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y de la Fiscalía General del Estado Plurinacional suscribieron ayer, en la ciudad de La Paz, una adenda de convenio de cooperación interinstitucional para fortalecer la lucha conjunta contra el narcotráfico.

El acuerdo lo firmaron el representante de la UNODC, Antonino de Leo, y el fiscal general, Ramiro Guerrero, en un acto realizado en los predios de la organización internacional.  “Ratificamos nuestro firme compromiso de combatir este delito del narcotráfico y castigar a quienes le hacen daño a la sociedad”, declaró Guerrero a los periodistas.

Arguyó que el acuerdo se dio porque el Ministerio Público, por mandato constitucional y en estricto apego a las políticas de Estado, realiza una lucha directa y contundente contra el narcotráfico, por ser ésta una actividad ilícita que ocasiona daños sociales y económicos al país y que, además, atenta contra la seguridad del Estado.

Proceso. Agregó que la adenda tiene como principales objetivos proporcionar información sobre la destrucción de drogas ilícitas y sustancias químicas controladas decomisadas en Bolivia, así como también desarrollar estrategias y capacitar a los fiscales de Materia en Sustancias Controladas de todos los distritos del país.

Además de actualizar en temas como de legitimación de ganancias ilícitas e investigación en delitos de narcotráfico, entre otros, con el fin de que los funcionarios públicos desarrollen sus labores de forma más eficiente. Entretanto, De Leo afirmó que esta instancia internacional continuará con la formación de fiscales del país en el tema antinarcóticos.

“Hemos podido normar, en el sentido de que hemos apoyado la norma, el trabajo de la Fiscalía en el desarrollo del protocolo con la cadena de custodio”, explicó el titular de la UNODC. Las autoridades también coincidieron en la urgencia que existe en el país por una reforma integral para el sistema penal y carcelario de Bolivia.

El convenio, además, posibilitará la continuidad del proceso de utilización de los tres hornos para incinerar droga comprados con ayuda externa en 2013. Éstos tienen un costo, cada uno, de $us 50.000 que permitirán destruir entre 60 y 90 kilos de drogas por hora y funcionarán en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Por eso, entre los alcances del convenio suscrito se encuentra el hecho de que la Fiscalía General proporcionará a la UNODC información sobre las incineraciones y destrucciones de drogas decomisadas en Bolivia, aspecto que permitirá elaborar informes sobre la validación de estos actos que serán presentados ante la comunidad internacional, a fin de demostrar la transparencia de los mismos.

La Fiscalía General también analiza diferentes convenios con diferentes instituciones del país con el objetivo de mejorar el trabajo en el Ministerio Público y terminar con actos de corrupción por parte de algunos operadores de esta instancia.

En ese propósito, el 7 de mayo la Fiscalía firmó un convenio con la Procuraduría General del Estado Plurinacional, para establecer mecanismos de cooperación y asistencia recíproca, para promover y fortalecer el cumplimiento de sus objetivos institucionales. Ahora coordinarán el inicio de una investigación y el procesamiento de los delitos cometidos contra el patrimonio público y, en particular, las acciones penales contra servidores públicos o personas particulares que lesionen bienes jurídicos protegidos que correspondan a los intereses del Estado.

El 8 de mayo también firmó un acuerdo para conformar una comisión de todos los poderes judiciales para la lucha contra la corrupción.

Denuncian a 261 fiscales en La Paz

Sanción

El fiscal general del Estado Plurinacional, Ramiro Guerrero, informó que recibió al menos 261 denuncias contra operadores del Ministerio Público de La Paz por diferentes motivos, por lo que se remitió al juez sumariante para la apertura de los procesos.