Vicepresidente García exige a privados mineros “pagar buenos impuestos” y anuncia que el Estado explotará los mejores yacimientos

Bolivia pone en vigencia nueva Ley de Minería que alienta inversiones y la industrialización.

García exige a privados mineros “pagar buenos impuestos” y anuncia que el Estado explotará los mejores yacimientos

El presidente en ejercicio Álvaro García promulgó en la ciudad de Oruro la ley de Minería y señaló que los empresarios que no están de acuerdo con las reglas pueden retirarse. Advirtió que no será permitido que participen en política

imageLa Razón Digital / La Paz



Plata. Explotación de desmontes y pallacos en las faldas del Cerro Rico de Potosí por parte de una minera privada. La Razón-Archivo.

La ley de Minería entró en vigencia y abre el camino para una participación activa del Estado con miras, principalmente, a la exploración e industrialización de minerales. El presidente en ejercicio Álvaro García demandó a los empresarios “pagar buenos impuestos” y anticipó que los mejores yacimientos y vetas serán explotados por el Estado.

Participaron del acto representantes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), de la Federación Nacional de Cooperativas (Fencomin) y de la minería privada, que contribuyeron en la redacción de la norma que, entre otros aspectos, anuló el carácter hereditario de concesiones y la firma de acuerdos con privados, sin aval estatal.

García destacó la participación social en la redacción de la iniciativa legal y anunció que esa característica persistirá en la administración del presidente Evo Morales. “La ley tiene que ser redactada por los que conocen con su cuerpo, con su sacrificio (la minería), y ellos son ustedes, los trabajadores mineros”, sostuvo.

El sector estatal, cooperativista y privado tiene participación en esta área de la economía. Los privados “tienen que venir aquí pagando elevados impuestos para que viva el Estado boliviano”, insistió y les exigió cumplir con los derechos y obligaciones sociales para con los mineros.  “Tienen que pagar buenos impuesto por que si no nos interesa que vengan”.

“En el sector minero nos estamos moviendo entre 55% y 65%, 63%, de la ganancia que genera el sector privado, que pasa para el Estado, alguna modificación para arriba la vamos a hacer con ustedes (trabajadores) en la ley de Impuesto, porque queda pendiente hacia futuro esta nueva ley, esa son las reglas; si están de acuerdo, bienvenidos, respeto, protección, no está de acuerdo, puede irse a otro lado, punto”, señaló.

Explicó que los cooperativistas, a diferencia del pasado, tienen derecho a ocupar áreas importantes de trabajo y lanzó el desafío de avanzar en la tecnificación, como arma para afrontar posibles bajas en las cotizaciones. “Tienen que tener un fondo interno para ir creando tecnología”, sostuvo.

El proceso de aprobación en la  Asamblea Legislativa fue frenado debido a un conflicto con los cooperativistas, que acabó con la vida de dos cuentapropistas. Exigían reponer el texto inicial del artículo 151 que les facultaba firmar acuerdos con privados sin participación del Estado, sin embargo retrocedieron con el compromiso de apoyo económico del Estado.

Para la minería estatal serán ampliadas las extensiones de operación y explotación. “Vamos a ser muy selectivos, el Estado no va a ocupar toda la minería, vamos a seleccionar las mejores áreas mineras de Bolivia, el Estado va a seleccionar las mejores vetas”, anticipó y proyecto la inversión necesaria para desarrollar los yacimientos para generar ingresos económicos.

El ministro de Minería, César Navarro, destacó que la nueva ley minera, que reemplaza a la aprobada en 1997, en el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, fortalecerá a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), afianzará el control en el proceso de la cadena productiva, principalmente en la comercialización, y apuntalará la industrialización.

“Hasta el día de ayer el área minera era propiedad particular, se podía heredar e hipotecar…hoy no habrá más concesiones ociosas”, afirmó el ministro, quien añadió que la seguridad jurídica está garantizada porque los contratos serán ratificados en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

García aseguró que el Gobierno no permitirá la participación del empresariado minero en político. “Nunca vamos a permitir que el empresariado minero ocupe el poder político, o se dedica a su actividad minera o se dedica a la política”, advirtió en el acto transmitido por los medios públicos.