Carlos Cordero Carraffa
La ciudadanía boliviana es respetuosa de las normas y de las instituciones democráticas y solo unos pocos desadaptados suelen protagonizar hechos reprochables y vergonzosos que empañan los procesos electorales, construyendo con dichas acciones de intolerancia, violencia física o institucional una negativa imagen colectiva de conflictividad, que no forma parte de la manera de ser de la mayoría del pueblo boliviano.
Esta destacable paciencia, tolerancia y respeto se ha puesto a prueba recientemente con la convocatoria a concurrir a los puestos de empadronamiento. Con todo el tiempo a su favor y con ilimitados recursos económicos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha efectuado una pésima planificación y peor ejecución del sistema de inscripción en el padrón electoral, sometiendo a ciudadanos deseosos de cumplir con sus deberes políticos a situaciones de maltrato institucional. Largas e interminables colas de ciudadanos bajo el inclemente sol o acosados por el frío invernal y un servicio de atención al público absolutamente inadecuado. Escasos puntos de atención, pésima infraestructura, defectuoso servicio de internet, reducido personal para atender la demanda ciudadana.
El irritante proceso de empadronamiento es una muestra fehaciente de la incompetencia de los Estados autoritarios, en los cuales son más importantes la sanción y el confort de las autoridades que la atención y el buen servicio al ciudadano. No contentos con incumplir con funciones y deberes de servicio público, el TSE realiza inoportunos spots televisivos, anunciando sanciones pecuniarias a quienes no se hubieran inscrito en ese ejemplo de ineficiencia y maltrato ciudadano, como son los puntos de inscripción y empadronamiento.
En un proceso electoral, en el que se va a elegir gobierno por los próximos años, el centro de atención y privilegios no son los candidatos ni los funcionarios gubernamentales, sino los ciudadanos. Pues gracias a ellos, a los ciudadanos simples y sencillos, hombres y mujeres, las instituciones democráticas, las leyes y los puestos burocráticos funcionan. Así como sufragar es un derecho, también es un derecho ciudadano recibir un buen servicio de las instituciones estatales. No es argumento responsabilizar a la cultura del último momento la existencia de colas en los puestos de inscripción. El ciudadano se inscribe cuando puede y el Estado debe procurar dar las mejores condiciones a quienes quieren ejercer derechos políticos.
Si no pueden prestar un buen servicio, renuncien, carajo.
El Deber – Santa Cruz