Usuarios bloquearon la zona franca de Warnes porque la Aduana pre-cintó unos 50 vehículos. El sector se pronuncia sobre la nueva normativa en Bolivia.
Aseguradoras ven poca claridad en la ejecución de pólizas
La semana pasada, el gabinete ministerial aprobó el DS 2036, que reglamenta la ejecución de pólizas de seguro.
EL DEBER, Santa Cruz
La promulgación de la nueva norma sorprendió al sector asegurador
La Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA) se pronunció con poco entusiasmo respecto a la última normativa para la ejecución de pólizas de seguro de fianzas. El sector ve poca claridad en el Decreto Supremo 2036 firmado por el gabinete, el 18 de junio, y una forma muy rigurosa de ejecución de la póliza.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El decreto reglamenta las disposiciones sobre la ejecución de pólizas de seguro de fianza que tienen como beneficiarias entidades del sector público. La normativa se apega a la Ley 365 (de Seguro de Fianzas para entidades y Empresas Públicas y Fondo de Protección del Asegurado), promulgada el 23 de abril de 2013.
“Lo que nosotros queríamos era una guía de procedimientos para la ejecución de la póliza mucho más clara y precisa, para que todos supiéramos cómo se va a ejecutar una póliza. Y que sirva también para los funcionarios de cómo ejecutarlas. Pero parece que no han tenido en cuenta nuestras observaciones”, lamentó Justino Avendaño, gerente de ABA, tras enterarse de la vigencia de la nueva norma.
El sector pide también la comprobación del incumplimiento de ejecución, amplitud para solicitar documentación respaldatoria y potestad de la aseguradora para poder rechazar la solicitud de ejecución efectuada en caso de que así se lo revele o, en su caso, llevar a controversia.
No obstante, el artículo 3, del DS 2036, establece que la entidad aseguradora, ante la recepción del requerimiento de ejecución, “deberá ser efectiva la indemnización de la póliza en el plazo de 15 días calendario” y que “en ninguna circunstancia, requerimiento de información o documentación distinta a la citada o controversia entre las partes condicionará la demora o suspensión de pago de la indemnización”.
La propuesta que había hecho anteriormente la asociación de aseguradores era que si producto de la revisión de la información dentro del la ejecución de la póliza la aseguradora identifica aspectos controversiales, se encontraría facultada para acudir a un arbitraje contra la entidad pública beneficiaria, a fin de resolver la controversia identificada y en su caso obtener un laudo favorable, solicitar el reintegro del monto indemnizado.
Fondo de Protección
El DS 2036 también define las funciones del directorio del Fondo de Protección del Asegurado (FPA), creado en la ley 365, y establece en su conformación con las máximas autoridades ejecutivas del Ministerio de Economía, del Banco Central de Bolivia y de la Autoridad de Pensiones y Seguros.
“Son siempre instituciones públicas y no dan acceso a la participación de las compañías de seguros aquellos que aportamos al Fondo. No teníamos mayor observación. Pero desde el punto de vista personal me parece innecesario porque si hay ya un regulador y actúa preventivamente, no sería necesario intervenir una compañía”, destacó Avendaño.
La ABA considera importante que la nueva normativa imponga una intervención y toma de posesión física de las instalaciones donde se denuncien actividades ilegales de operaciones propias de la actividad aseguradora
ANB decomisa 50 autos siniestrados en zonas francas
Control. Una norma prohíbe la importación de estos motorizados.
Ilegal. Vehículos siniestrados en la Zona Franca de Patacamaya. ANB.
La Razón / La Paz
La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) decomisó más de 50 vehículos siniestrados en zonas francas industriales del país. Por el riesgo que implica para la seguridad de la población, la entidad aduanera recordó que está prohibida su importación.
La ANB informó que en el marco de los decretos supremos 28963, del 6 de diciembre de 2006, y 29836, del 3 de diciembre de 2008, y el artículo 117 del reglamento a la Ley General de Aduanas, “se encuentra prohibida la importación de vehículos siniestrados a territorio nacional”, por lo que se está procediendo a efectuar los controles respectivos en las diferentes zonas francas industriales del país.
Producto de los últimos operativos, fundamentalmente en la Zona Franca Industrial de Patacamaya (La Paz), “se han decomisado más de 50 vehículos que vulneran dicha normativa”, por tanto, la Aduana advierte que “los importadores deben tener presente lo establecido en la normativa”. El operativo fue organizado por autoridades de la Aduana Nacional y una fiscal.
“En la Fiscalía de Aduana hemos recibido una denuncia de la Gerencia Regional La Paz en el sentido de que se estuviese ingresando vehículos siniestrados que están prohibidos, no pueden entrar a Bolivia para ser comercializados, está prohibido”, expresó la fiscal Rosario Venegas, quien participó del operativo y verificó la intervención en la Zona Franca Comercial e Industrial de Patacamaya (Zofrapat).
Irregular. En la ANB se informó que lo irregular de esto es que algunos importadores están trayendo vehículos de manera legal, pero en medio de grandes contenedores cerrados. “Están introduciendo autos siniestrados, que después de hacerlos reparar los comercializan a precios bajos, siendo un riesgo y peligro para la población, tanto para compradores como para los usuarios”.
La Aduana recomendó que la gente no se deje estafar con este tipo de comercializadores.
Ofertan coches por internet
“Vendo Toyota Corolla 2008 siniestrado, original, americano $us 5.900”, es uno de los avisos de oferta en la internet y las redes sociales. En Bolivia hay páginas digitales como “vehículos-siniestrados.info.com.bo” o “www.guialocal.com.bo/autos+siniestrados”, entre otras que ofrecen la venta y compra de vehículos siniestrados y son comercializados en Bolivia.
“Compro papeles de vehículos siniestrados”, “vendo Toyota Sequoia y también tengo chuto”, es otra de las ofertas en páginas digitales.
La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) recordó a través de un comunicado que está totalmente prohibida la importación de motorizados siniestrados porque representa un verdadero peligro para la seguridad de la población. Sin embargo, este negocio está vigente en muchas ciudades del país.