La falta de coordinación entre el Ministerio de Salud y las alcaldías del país, instituciones encargadas de controlar y prohibir la comercialización de la ropa usada, impide que se haga una labor efectiva en los mercados informales y tiendas situadas en las ciudades de La Paz y El Alto.
El intendente municipal de La Paz, Mauricio Ruiz, informó que su trabajo de control es limitado, puesto que sólo pueden realizar el decomiso de ropa usada íntima, catalogada como producto de riesgo sanitario. Paradójicamente y a pesar de la vigencia de los decretos supremos 28761, 29463 y 29521 prohíbe la importación y comercialización de ropa usada desde el 1 de abril de 2009, es la misma Alcaldía la que otorga certificados de autorización para que estos productos puedan ser vendidos en diferentes lugares de la urbe paceña.
“No podemos hacer un control del 100 por ciento sobre los puestos de ropa usada, porque tendríamos que disponer un guardia o un inspector 24 horas al lado de un vendedor, eso es imposible por logística, pero la prohibición existe y los decomisos también se han realizado en su momento de la ropa usada fundamentalmente intima”, sostuvo Ruiz a la ANF.
La Intendencia Municipal identifica a la feria de San Antonio, la zona de Villa Fátima, El Tejar, El Cementerio y las calles Figueroa y Honda, como los lugares donde se vende mayormente ropa usada. Sin embargo, poco pueden hacer para prohibir esta actividad económica, sin el apoyo del Órgano Ejecutivo.
Políticos piden eliminar decreto
Ante la falta de políticas gubernamentales que den cumplimiento al Decreto Supremo el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ever Moya, recomienda al gobierno del presidente Evo Morales anular el Decreto Supremo 28761 y que los comerciantes de ropa usada sólo paguen sus impuestos para legalizar su mercadería, que en muchos casos continúa almacenada en grandes toneladas en diferentes lugares estratégicos del país.
“En mi concepto no tiene sentido prohibir la importación, la Aduana no ha dado cumplimiento a este Decreto, no nos vamos a engañar, no vamos hacer creer al pueblo boliviano que se está haciendo la lucha frontal al contrabando, cuando en los mercados se ven estos productos”, expresó Moya a la ANF.
Por su parte, el diputado de Convergencia Nacional, Luis Felipe Dorado, sostuvo que el Decreto en cuestión nunca estuvo en vigencia y que sólo sirvió como campaña política de Evo Morales para señalar públicamente que lucha contra el contrabando era encarada con eficiencia por el Ejecutivo.
Políticas económicas
En ese marco, el analista económico, Julio Alvarado, cree que en tanto el gobierno no aplique correctas políticas económicas para acabar con la pobreza, la venta de ropa usada continuará siendo un mal necesario que favorece al 50 por ciento de la población que adquiere estos productos.
A ello se suma, según el analista, que en ningún país se puede realizar un efectivo control del contrabando: “El Gobierno pierde dinero pagando a tanta burocracia estatal que lucha contra el contrabando para que al final el resultado sea negativo”.
El gobierno del MAS aprobó para prohibir la internación y comercialización de ropa usada en el territorio nacional, el Decreto Supremo 28761 del 21 de junio de 2006, además del Decreto Supremo 29463 del 29 de febrero de 2008 y el Decreto Supremo 29521 (estos dos últimos modificaron el inciso b del artículo 3 del decreto 28761 referente a la prohibición de esta actividad y su comercialización desde hace cinco años). No obstante, la venta de ropa usada está vigente y se ha extendido por todo el país.
La Agencia de Noticias Fides difunde, además, el video-reportaje que realizó sobre las incidencias que genera el comercio de la ropa usada en la sociedad boliviana y los tres decretos supremos aprobados sobre esta problemática por el gobierno del presidente Evo Morales.
ANF