El caso del ex dirigente cívico del Chaco, Felipe Moza, liberado después de un calvario penal y judicial de 5 años y medio, es uno de los muchos casos de detención irregular por razones políticas que han proliferado durante el gobierno de Evo Morales.
Se trata de cautiverios decididos desde altas esferas gubernamentales y operados por un sistema judicial intervenido desde el Ejecutivo, como lo ha señalado incluso el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Son alrededor de 40 los presos políticos del régimen, varios de ellos bajo la figura de “detención preventiva”, violando ampliamente el máximo de meses fijado por la legislación nacional, llegando a cifras absurdas de varios años como la de Moza, así como las de Leopoldo Fernández y distintos acusados del caso Rozsa.
Muchas de estas detenciones se realizaron violentando las normas del debido proceso, sin siquiera la presencia de un fiscal, como la del mencionado ex gobernador de Pando, capturado por un grupo de militares encabezados por el Ministro de la Presidencia.
Esta grave crisis de derechos humanos ha llamado la atención del Parlamento Europeo y del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Indebidas de la ONU, que han exigido la liberación del húngaro Elod Toaso.
Igualmente, la Iglesia Católica ha planteado la imperiosa necesidad de una amnistía a los presos políticos como antesala a una reconciliación nacional.
Junto con el fenómeno del exilio, que a la fecha alcanza a casi 800 bolivianos emigrados bajo persecución política (cifra de ACNUR), el de los presos políticos evidencia la degradación de las garantías democráticas en un régimen de crecientes rasgos autoritarios…