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Miembros de la familia Vega llegaron ayer a la ciudad de La Paz para denunciar que sus viviendas habían sido -y estaban siendo- quemadas por comunarios de Santa Ana, municipio de Pucarani (La Paz), debido a un conflicto de terrenos.
"Directamente vinieron a demoler nuestras casas. Yo vivía allí y cumplimos función económica social. Todo lo han quemado, todas sus casas de mis hermanas que viven con sus esposos, de mis cuñados, tienen ellos casas y ahorita las están demoliendo, están en plena acción”, contó Ancelmo Vega, propietario de una de las viviendas supuestamente incendiadas.
Él llegó la tarde de ayer a la sede del Gobierno acompañado por su padre, Pedro Vega, quien también protestó contra los comunarios que quieren expulsarlos por una disputa de propiedad de terrenos.
Incluso denunciaron en la Defensoría del Pueblo que además de destruir sus casas algunos de sus familiares habían sido retenidos por los campesinos.
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El representante de la Defensoría en El Alto, José Luis Hidalgo, se dirigió a la comunidad de Santa Ana para verificar la denuncia; sin embargo, se quedó en medio camino ya que se topó con lugareños que no le permitieron el ingreso.
"Nos hemos apersonado para verificar si evidentemente hay una retención o toma de rehenes de los familiares del señor Vega, cosa que hasta ahora no hemos podido evidenciar porque nos hemos encontrado con gente muy exaltada y eso impide que se pueda dialogar. A la distancia hemos visto una humareda, pero no podemos precisar si es como consecuencia de la quema de la vivienda”, dijo Hidalgo.
Recordó que hay un antecedente similar de conflicto. "En 2013 ya se quemó una vivienda del señor Vega”, sostuvo Hidalgo, a tiempo de pedir ayuda a la Policía y manifestar su temor de que los familiares de Pedro sufran represalias.
"Hemos pedido la colaboración de la fuerza pública, hemos hablado con el Comando Departamental a efecto de que un contingente policial se apersone. Nos preocupa la situación, salud e integridad física de (los supuestos) rehenes, por eso estamos en la comunidad”, apuntó en contacto con radio ERBOL.
De acuerdo con un reporte televisivo de PAT, son al menos 200 comunarios los que expulsaron a la familia, que entre sus 25 miembros tienen ocho menores. En la Fiscalía de Pucarani no les recibirían los memoriales porque el Tribunal Constitucional Plurinacional suspendió su competencia para definir si es la justicia ordinaria o la indígena la que debe resolver el conflicto.
En horas de la tarde se observó humo saliendo desde un conjunto de casas y eucaliptos en Santa Ana, región altiplánica del departamento paceño. Ni siquiera la prensa pudo ingresar por las amenazas de los campesinos.
Fuente: ATB, http://www.paginasiete.bo/