Arturo Yáñez Cortes
La ciudad de Sucre y especialmente su Plaza 25 de Mayo, por si fuera poco recién declarada “Patrimonio Cultural e Histórico del pueblo boliviano” (por la ausencia de algún regalito de relevancia en nuestras fiestas cívicas), ha quedado convertida en una jungla; no por su abundante fauna y flora –que no es para tanto– sino por aquella definición de algún diccionario elemental: dícese del lugar donde las personas no acatan las leyes (reina la fuerza y de la bruta).Por un lado, hordas armadas de palos, cohetes y otros objetos contundentes “tomaron” la Alcaldía Municipal con el mismísimo Alcalde dentro de yapa, impidiendo la libre circulación de personas y el normal desarrollo de actividades, pretendiendo obligarle –a la fuerza– a relocalizar a su representante ante el directorio de FANCESA y agrediendo a los transeúntes –incluyendo mujeres, ancianos y otros– que les reprocharon su incivilizada como abusiva actitud. Por otro, ante la vergonzosa pasividad de las “autoridades competentes”, trabajadores de la factoría y se dice con otros de la misma alcaldía, “recuperaron” también por la fuerza el edificio y liberaron al alcalde secuestrado, en medio de una khaleadura. Por si los anteriores abusos no fueran suficientes, los desalojados tienen cercada la ciudad con sus pachajchos. Semanas antes, los gremialistas “tomaron” la plaza e instalaron su khatu en pleno patrimonio cultural e histórico.Todo lo anterior se perpetró durante varios días ante la mirada contemplativa de autoridades que, vaya ingenuidad, están obligadas por la Constitución –que así suena cada vez más como exotismo– para: a) defender la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano; y, b) defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, ejerciendo la acción penal pública. Así, la Policía, tan solícita y sumisa cuando se trata de defender a su jefazo y pese a que los transportistas amenazaron e informaron públicamente por los medios de comunicación que bloquearían los accesos a la ciudad, no hizo absolutamente nada para impedir el publicitado bloqueo, y hasta cuando se produjo el desalojo de la alcaldía, recién aparecieron glamorosamente disfrazados de robocops –¿a quiénes les ordenarían defender, no? Se imaginan si la institución tomada hubiera sido la Gobernación o alguna otra en poder del oficialismo, la de policías y fiscales que hubieran –inmediatamente por orden de sus jefazos– tomado acciones inmediatas para el desalojo y el inmediato proceso.Así los abusos, sostengo que esos acontecimientos que cambiando algunos actores y escenarios se replican a lo largo y ancho del Estado plurinacional marcan el fracaso del estado de derecho en la Bolivia actual, pues los movimientos sociales, sean choferes, comunarios, trabajadores o cualquier otro grupo que defiende sus intereses corporativos, le meten nomás y vulneran todos los adornos –léase leyes– mediante el sistemático uso de la fuerza, sin que las autoridades encargadas de prevenir o perseguir hagan algo efectivo al respecto, salvo que sean grupos que no gozan del auspicio/protección oficialista, en cuyo caso se les reprime y persigue hasta las últimas consecuencias y por lo que sea, por los siglos de los siglos.La burda política oficialista, la de sus instituciones satélites y empleados sometidos, consistente en medir con una vara –con rojos claveles– a quienes están de su lado y con otra diferente –con clavo– a quienes se presume o están en su contra, ha generado un peligrosísimo estado de anomia caracterizado por el desprecio de las normas y la resultante incapacidad institucional para dotar a los ciudadanos lo elemental para vivir en paz y armonía ¿vivir bien? Es el producto estrella del meterle nomás aunque sea ilegal, o de lo político por encima de lo jurídico, generando esta jungla en la que manda el más fuerte, el abusivo, el matón, el Tarzán. Es que lo dijo Marco Tulio Cicerón: “la fuerza es el derecho de las bestias.»Correo del Sur – Sucre