Las magistradas Soraida Chánez y Ligia Velásquez, elegidas por voto popular en 2011, son acusadas por prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.
La Razón Digital / La Paz
Una escena de la plenaria en la que la mayoría oficialista aprobó el enjuiciamiento a los miembros del TCP. Foto La Razón
La Cámara de Diputados remitió hoy obrados al Senado para el enjuiciamiento de las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraida Chánez y Ligia Velásquez, por tres delitos vinculados a la suspensión de la vigencia de la Ley del Notariado.
El presidente de Diputados, Marcelo Elío, informó de la remisión de obrados y explicó que el Senado, que hace de Tribunal de Sentencia, tiene un plazo de al menos tres semanas para emitir las notificaciones y citaciones necesarias para luego convocar al juicio oral y público.
Las magistradas son acusadas por prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.
“La Cámara de Senadores dicta sentencia, es un tribunal de sentencia con plena facultad para juzgar a una autoridad pública, así como elegimos ternas (para la elección de magistrados del TCP) también tenemos el derecho de remover a estas autoridades”, indicó Elío a radio Panamericana.
Chánez y Velásquez fueron elegidas magistradas del TCP por voto popular en las primeras elecciones judiciales de noviembre de 2011. Junto al también magistrado Gualberto Cusi emitieron el 13 de marzo un auto constitucional por el cual dispusieron la admisión de la solicitud de inconstitucionalidad de la Ley del Notariado, presentada por el diputado de oposición Juan Luis Gantier. Resolvieron como medida cautelar la suspensión de la vigencia de la norma.
Según Elío, algunos magistrados se creen “semidioses e intocables”, con derecho a “tumbar la ley que ellos quieran”. “Hemos aplicado lo que dice la ley y la Constitución Política del Estado (CPE)”, aseguró en referencia a la viabilización del juicio de responsabilidades.
Elío informó también de la notificación de Diputados al TCP para la suspensión inmediata de las acusadas y posesión de sus suplentes. Descartó acefalias y negó un supuesto atentado a la institucionalidad del Tribunal Constitucional.
“Nosotros somos respetuosos de las decisiones del Tribunal, pero no tienen que ser políticas”, dijo el asambleísta por Oruro y elegido en enero como Presidente de Diputados. “Un juez debe ser conocido por sus fallos justos, históricos para construir el país y no para destruir el país”, remarcó.
El juicio de responsabilidades contra las magistradas Chánez y Velásquez está amparado en la Ley 044 para el juzgamiento de la presidenta o presidente y/o de la vicepresidenta o vicepresidente y de altas autoridades, recordó el Presidente de la Cámara Baja.