Maggy Talavera
Ya no sé qué alarma más: que autoridades llamadas a velar por la sociedad legalicen el trabajo infantil, o que quienes defienden la medida la tilden a una de ‘ingenua’ o de creer en ‘pajaritos preñados’ por el solo hecho de abogar en contra de esa norma. Todo ello, bajo el argumento de que “existe una realidad boliviana, una herencia, una forma de trabajo (infantil)… en el país”, a la que supuestamente solo se la puede encarar legalizándola, como argumentó el vicepresidente de Bolivia.
Ingenuidad, cuando no ignorancia, sería aceptar a ojos cerrados la legalización de una de las mayores violaciones de derechos humanos, como es la que padecen millones de niños, niñas y adolescentes, obligados a renunciar a la protección del Estado y a asumir obligaciones laborales como si fueran adultos. Es, además, carecer de sensibilidad y de sentido de justicia social, a favor de una negligente administración pública que está obligada a velar por la protección y el sano desarrollo de la niñez y la adolescencia.
Ingenuidad es creer que una norma que da aval legal al trabajo de niños y niñas desde los diez años representa “un justo equilibrio” entre la realidad boliviana y los tratados internacionales. O creer que en cinco años, “gracias” a esta ley, el Gobierno erradicará el trabajo infantil. Ya lo dijo Mónica Cortez y yo lo suscribo: ¿puede alguien creer que se acabará con el trabajo infantil, con una norma que lo alienta al darle aval legal? Por supuesto que es misión imposible. Esa fórmula no cuadra.
No hay dudas de que la realidad muestra a cientos de miles de niños, niñas y adolescentes forzados a trabajar. La pregunta obligada es, ¿por qué? Y la respuesta sale también de la realidad: porque no hay políticas públicas serias que les garanticen el ejercicio de sus derechos a la educación, a la salud y a tener una vida digna. Una carencia que tiene muy bien identificados a sus responsables: jefes y funcionarios que se alternan en la administración pública, como el presidente, el ‘vice’ y muchos más.
Es muy preocupante constatar, una vez más, que la inoperancia y la ineficacia del aparato estatal den como resultado otra ley que visa ocultar la incapacidad del Gobierno central, de los gobiernos departamentales y municipales, así como del Parlamento, para dar soluciones de fondo y justas a uno de los problemas estructurales más preocupantes en Bolivia, como es la inequidad social que afecta sobre todo a la población infantil. No es con niños obligados a ser adultos antes de tiempo que Bolivia será mejor.
El Deber – Santa Cruz