Wálter Arrázola Mendívil
1. La elección de Magistrados del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y Agroambiental fue propuesta por el MAS y Evo Morales en la Asamblea Constituyente cuando se reformó la Constitución. El resultado fue catastrófico y se politizó la justicia, no hubo competencia ni meritocracia, menos aún se respetó la carrera judicial.
2. La institucionalidad en el Ministerio Público ha sido destruida, no existe carrera de fiscales, de meritocracia ni competencia, solo existen fiscales electos a dedo por el poder político.
3. Las altas autoridades del Ministerio Público y de la justicia, o fueron asambleístas o constituyentes o estuvieron ligados directa o indirectamente con el partido de turno (MAS), rompiendo la independencia y la imparcialidad de la justicia.
4. Las autoridades judiciales y Notarías de Fe Pública son puestas políticamente por el Consejo de la Magistratura.
5. Los sueldos de los funcionarios judiciales y fiscales no están acordes a la carga laboral y procesal que existe.
6. Se modifican y derogan leyes y códigos para una supuesta reforma judicial. No se socializan con anticipación, no se realizan estudios de implementación y viabilidad de la norma, no se dota de recursos humanos adecuados para que funcione la norma.
7. El derecho penal se ha convertido en persecutor, en un mecanismo extorsivo y de persecución, donde el juez y el fiscal, deciden sobre la libertad de un individuo olvidando la última ratio del derecho penal. Las normas penales son cada vez más gravosas y se violenta el principio de presunción de inocencia.
8. El fracaso de la implementación del Código Procesal Civil se debe a la falta de planificación y coherencia. Los fraudes procesales están a la luz del día, al implementarlo a medias y adelantar parte del código su vigencia, generando caos, duda e incertidumbre por la mala redacción de las disposiciones transitorias.
9. No existe infraestructura mínima en los juzgados, menos tecnología ni materiales de escritorio básico para un buen funcionamiento del Poder Judicial.
10. Los funcionarios subalternos del Poder Judicial o de la Fiscalía o son interinos, o están de ayudantes sin salario, o directamente está vacante el puesto y no los eligen, agravando la situación de la atención y cooperación en la administración de justicia, estando perjudicado el ciudadano común que acude a las oficinas públicas.
11. Las oficinas de DD.RR. no dan seguridad jurídica, menos rapidez y prontitud en los trámites, generando inseguridad, caos y corrupción.
12. La Policía y el Instituto de Investigaciones Forenses no tienen tecnología, especialización, continuidad (cambian a los investigadores como cambiar pilas), menos un sueldo acorde a su trabajo. No existen medios científicos para probar o producir pruebas en ciertos delitos. El acceso a estos medios hace que la víctima o la defensa no estén en igualdad de condiciones, menos aún si no se tienen los recursos para costearlos.
¿Esta es la Revolución de Justicia que esperábamos?