En un acto realizado en el Trópico de Cochabamba, en el cual fue reelegido para presidir los sindicatos cocaleros (cargo que ocupa desde hace 18 años), Evo Morales dejó entrever el que podría ser su objetivo central para una eventual tercera gestión de gobierno.
El mandatario, que ya ha dado muestras en reiteradas ocasiones de privilegiar el interés sectorial cocalero por encima de los intereses nacionales, se propondría impulsar la modificación de la Ley 1008 para ampliar la cantidad de cultivos de coca legales, actualmente limitados a 12.000 hectáreas.
En ese sentido, Morales habló de “reformas legales” para “consolidar el cato de coca”, lo cual posiblemente implicaría elevar los cultivos legales a 20.000 hectáreas, cifra manejada en varias oportunidades por voceros del oficialismo.
El problema radica en que, de acuerdo a cifras de Naciones Unidas, el 92% de la coca del bastión presidencial del Chapare va a parar fuera de los mercados legales (o sea, al narcotráfico).
La ONU también señala que casi la mitad de la coca cultivada a nivel nacional sufre igual destino, sobre un total actual de 23.000 hectáreas.
Esto quiere decir que, de prosperar la iniciativa del caudillo populista, se “blanquearía” una cantidad importante de cultivos de coca-para-cocaína.
Una razón más para extremar esfuerzos en evitar la reproducción en el poder de la camarilla cocalera, o al menos para fortalecer la presencia opositora en el Parlamento, generando un freno a los abusos del Ejecutivo…