Susana Seleme Antelo
La cocaína es “la economía que regula nuestra vida, es la respuesta exhaustiva a la necesidad más apremiante de la época: la falta de límite. Los pozos de petróleo blanco” son como “el árbol que se propaga por las ramas”, afirma Roberto Saviano, en su libro CeroCeroCero (Anagrama. Barcelona, 2014). El blanqueo de millones y billones de dólares se hace “a través de operaciones financieras (…) cada vez más estrechas entre organizaciones terroristas y criminales” con “conexión aún más compleja y global, más peligrosa: el vínculo con la corrupción”. Y todo en complicidad con entidades públicas, privadas y personas aparentemente libres de toda sospecha, amén de espeluznantes crímenes.
Saviano relata que hay “dos clases de riqueza. Las que cuentan el dinero y las que lo pesan”, distinción hecha por narcotraficantes, cuya ciudadanía “abarca todo el mundo”. A la coca “se la clasifica con más ceros, cuanto mayor sea su pureza. Ceros como heridas… como abismos, para observar el espejismo del oro blanco, la mejor coca: 000”. E interpela a sus lectores: “Hay un río que corre bajo las grandes ciudades, un río que nace en Sudamérica, pasa por África y se ramifica hacia todas partes… ¿No oyen nada? ¿Cómo hacen para soportar todo ese ruido?”. Aquí son sordos.
Hace 10 años, Bolivia producía alrededor de 80 toneladas de cocaína anuales. Hoy produce 160, afirmó Ernesto Justiniano, exresponsable de lucha contra el narcotráfico. Jeremy McDermott, investigador inglés, señala que “el narcotráfico y el crimen organizado global siguen la ruta de menor resistencia. En Colombia hay mucha, en Bolivia menos”. Es “vulnerable… como sándwich, entre producción y consumo”, con una historia “de contrabando y una Policía” nada apta para enfrentar al crimen organizado.
Según Naciones Unidas, en 2013 la producción potencial a escala nacional se calculó en 36.300 toneladas métricas, de las que 19.150 toneladas (53%) pasaron por los dos únicos mercados legales del país, para el consumo humano y uso tradicional. Tras la presentación del informe, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, admitió, en una rueda de prensa, que “es una preocupación” que un 47% de la coca existente eluda esos mercados y más bien “alimenta, lastimosamente, la actividad del narcotráfico”. Pero el presidente-candidato Evo Morales quiere legalizar los cultivos ilegales de Chapare, su feudo político, cuyo sindicato de campesinos cocaleros preside hace 17 años consecutivos, recién ratificado por dos más. ¡Qué sordera!
El Deber – Santa Cruz