Cooperativa San Luis: Créditos vinculados y una mala gestión, las causas de la quiebra

La cooperativa que operaba en Santa Cruz registraba pérdidas por Bs 174 millones, según querella presentada por la ASFI.

Créditos vinculados y una mala gestión, las causas de la quiebra

Evaluación de la comisión liquidadora sobre la Cooperativa San Luis. Según la comisión, la entidad que funcionaba en Santa Cruz otorgaba créditos a sus directivos y a clubes deportivos que no presentaban garantías reales.

imageArchivo. Uniformados custodian las oficinas tras la intervención de la Fiscalía en el 2012.



Página Siete / La Paz, Bolivia

Créditos vinculados, la mala administración y falta de información, entre otros,  precipitaron la crisis y posterior quiebra de la Cooperativa San Luis, que dejó 43 millones de dólares en deudas a socios y ahorristas que depositaron su dinero en la institución, según la presidenta de la comisión de liquidación, María Isabel Carrasco.

Los recursos vinculados son aquellos que la cooperativa cruceña entregó a personas que tenían relación con los directivos de la institución y que  no dejaban garantías reales, y que no se llegaron a cancelar. «Encontramos a clubes deportivos vinculados (…) a San Luis, le  encantaba los partidos de fútbol y hacían el márketing de ellos. También existía vinculación institucional  a fraternidades que fueron despilfarrando el dinero”, señaló.

«Por ejemplo, (el jugador argentino Diego Armando) Maradona también llegó a Bolivia con el dinero de la cooperativa. Ejecutivos y empresarios pidieron dinero con letras de cambio para  shows espectaculares de grupos de música”, precisó.

También citó el caso de Kurt Reintsch que, según la denuncia de la Autoridad de Supervisión y Control Financiero (ASFI),   junto a  su esposa Romy Mayra Paniagua y   la  Inmobiliaria Altiplánica  se beneficiaron con más de 42 millones de bolivianos  de la cooperativa  sin haber entregado una sola garantía real o inmueble.

San Luis se declaró en quiebra  el 12 de abril de 2012, luego de arrastrar pérdidas por 171 millones de bolivianos, los recursos con los que contaba eran insuficientes para seguir operando y devolver el ahorro de sus socios que, según Carrasco, ascienden a 43 millones de dólares.

Recordó que los  créditos eran obtenidos por la ayuda de ejecutivos de la cooperativa. «Encontramos solicitudes como de María Elena Moreno (mamá de la candidata a la Vicepresidencia Adriana Gil) que solicitó, en su calidad de socia, un crédito por 35.000 dólares y como garantía dejó unas letras de cambio. El gerente respondía que se atienda lo solicitado y se desembolsa el dinero”, señaló Carrasco.

   Las letras no eran garantías reales. «Estos hechos se repetían con la entrega de créditos a estos grupos vinculados, lo que impide ahora ejecutar y rematar los bienes”, lamentó. 

En su criterio, los responsables son los exejecutivos, los exconsejeros de administración y vigilancia y el personal de rango medio. Los primeros «tenían la decisión y la administración de la cooperativa. Los exconsejeros  no precautelaron nuestro dinero”, remarcó.

Rol de la ASFI

Carrasco responsabiliza por otra parte  a la ASFI por no proporcionar información oportuna. «Desde el 2008 tenía la obligación de denunciar estos hechos y no lo hizo. Por omisión tiene esta responsabilidad con los socios de la Cooperativa San Luis”.

La directora de la ASFI, Lenny Valdivia, aclaró en ERBOL el pasado martes  que los informes «no eran leídos en la asamblea o se leía en grupos cerrados de socios”. La ASFI  además  prohibió a la entidad   hacer publicidad  para captar recursos de los socios; realizar  ajustes contables con  operaciones irregulares que mostraban un balance que no era real. «Se les negó abrir más agencias  y, especialmente,  se les obligaba a dar lectura de los informes de la entidad”, puntualizó.

Prevén recuperar otros $us 4,5 millones

La comisión de liquidación de la Cooperativa San Luis  prevé recuperar al menos 4,5 millones de dólares  con la venta del edificio principal y otro en el Plan 3.000, de Santa Cruz. Sin embargo, existen trabas para su comercialización.

«Los dos activos principales, el edificio central y otro en el Plan 3.000, representan un 12% (de sus obligaciones con el público, que asciende a 43 millones de dólares) y  representa a 4,5 millones de dólares. Es una esperanza razonable pero no sabemos si podremos lograr ese moto. De lo contrario será bajar a un 10%”, declaró la presidenta de la comisión, María Isabel Carrasco.

Además, existen al menos otros 26 activos que deben ser legalizados y ser sujetos de un avalúo para su venta. Sin embargo, no se lo puede realizar por falta de recursos económicos y porque algunos socios, al enterarse de la falta de liquidez de San Luis, hicieron anotaciones preventivas de estos inmuebles.

Se espera que avancen los procesos judiciales de la cartera en ejecución y castigada  para obtener recursos y seguir con el proceso de remate.

Plan de  liquidación

Avance. La comisión de liquidación elaboró un plan de cuatro pilares. El primero  fue la venta de la cartera vigente y en mora a la Cooperativa Jesús Nazareno, que se efectivizó y los socios recibieron el 9% de sus ahorros.

Freno.  El segundo es la venta de los edificios; el tercero consiste en recuperación de la «cartera dos” que estaba en manos de Kurt Reintsch; y finalmente la recuperación de fondos a través de los procesos penales a los exejecutivos. Pero estos últimos tres no avanzan por demoras en el Ministerio Público y porque se hicieron anotaciones preventivas de los bienes que impiden su comercialización.

La cooperativa registraba pérdidas por Bs 174 millones

Según querella presentada por la ASFI. En 2009 se evidenció que tenía inviabilidad financiera, quiebra técnica, ahorros expuestos y operaciones contables irregulares.

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Ahorristas de San Luis se movilizaron tras la quiebra.

Página Siete /  La Paz

La Cooperativa San Luis registraba pérdidas por 174 millones de bolivianos y arrastraba una crítica situación financiera desde  el año 2000, según la acción penal que interpuso la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

  Se identificaron a  16.000 afectados. «La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Luis presentaba inviabilidad financiera, insuficientes ingresos por cartera, pérdidas acumuladas de varias gestiones, crítica situación financiera y administración poco transparente que data del año 2000, cuyo deterioro se profundizó, comprometiendo su sostenibilidad y continuidad”, señala el informe remitido a la Fiscalía.

  La ASFI recuerda  que emitió cinco informes sobre la situación financiera de la cooperativa.

La querella penal interpuesta por los delitos de estafa con víctimas múltiples alcanza a Arturo Cuéllar, exgerente de San Luis; María Nely Rocha de Canedo, expresidenta del Consejo de Administración; María Kathia Maturana, expresidenta del Consejo de Administración en la gestión 2009.

Además están acusados María Esther Rivas Muñoz, exsecretaria del Consejo de Administración; Carlos Alberto Heredia Claros, exvocal titular del Consejo de Administración; Claudia Mar Yery Flores Ribera, exvocal suplente  del Consejo de Administración; Macedonio Ciro Rosales Meneses, expresidente del Consejo de Vigilancia, y Franz Ruiz Careaga, exgerente administrativo. También se denunció a Kurt Reintsch, Rodrigo Illanes Mendoza, Romy Mayra Paniagua, Toño Sacarías Illanes, Juan Carlos Peña Stelzer y Dina Mallón Párraga.

Las cooperativas societarias comenzaron a ser reguladas por la ASFI en cumplimiento a la Ley 3892 de junio 2008 y las mismas debían adecuarse. San Luis inició este proceso en mayo de 2009 con el envío de su diagnóstico y plan de acción.

La ASFI realiza la inspección y emite un primer informe el 19 de octubre de 2009, en el que identifica: inviabilidad financiera, insuficientes ingresos por cartera y pérdidas acumuladas de varias gestiones, quiebra técnica y ahorros de socios expuestos y operaciones contables irregulares.

Posteriormente en una tercera inspección, al 31 de marzo de 2011, se concluye que la entidad tiene una crítica situación financiera, administración poco transparente, información nada veraz remitida en el plan de acción, inadecuadas prácticas contables y crediticias, deficiente gestión de órganos de administración y vigilancia. Además, señala que San Luis debía asumir pérdidas por 174 millones de bolivianos, que en gran parte eran  activos de difícil recuperación.