El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, explicó que los suboficiales no pueden ser beneficiados con libertad provisional porque son juzgados por delitos contra el Estado.
La Razón Digital / La Paz
Los suboficiales rodeados de sus seres queridos cuando asistieron a la audiencia en la que se dispuso su detención. Archivo El Diario.
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, afirmó hoy que los tres suboficiales de las Fuerzas Armadas procesados por las marchas de abril no tienen derecho a la libertad provisional porque cometieron delitos contra la seguridad del Estado; mientras, familiares de uno de ellos, el suboficial Jhonny Gil, denunciaron que fueron amenazados con la intervención a su piquete de huelga de hambre.
Gil y sus camaradas Franklin Colque y Freddy Sucojayo se encuentran detenidos en recintos militares como parte de un proceso instaurado en su contra por liderar las protestas y marchas callejeras que en abril demandaron la descolonización en la institución armada y la creación del grado de oficial técnico en lugar de los de baja graduación.
La familia de Gil instaló un piquete de huelga de hambre en la plaza Eduardo Abaroa de La Paz, frente al edificio donde funciona el Ministerio de Defensa, exigiendo la libertad del suboficial, por considerar que se encuentra injustamente detenido y en condiciones precarias. Una de las familiares denunció hoy que efectivos de la Policía Militar (PM) les advirtieron con intervenir el piquete.
“Yo le dije: no me voy a levantar, que me mate, no importa”, contó a la red ATB. Los uniformados están a la espera de una audiencia en la Justicia Militar para definir su situación legal, aunque en la Justicia ordinaria el pronunciamiento fue por tratar un recurso de Acción de Libertad, presentado por causales como el indebido proceso.
Saavadra aseguró que los detenidos no pueden ser beneficiados con la libertad provisional, como exigen los militares y su familia.
“ No corresponde la libertad provisional en los casos de delitos contra la seguridad del Estado, y los delitos por los cuales están siendo juzgado ese grupo de suboficiales tiene que ver con temas de seguridad del Estado”, afirmó, según reportó ATB.
La Defensoría del Pueblo sigue el caso. “La Defensoría del Pueblo cree que se está violando permanentemente el derecho a la defensa en el caso del caso del suboficial Gil que, antes de desarrollarse en el marco de la ley, se puede inferir que se trata de acciones de revancha y amedrentamiento”, sostuvo ayer el jefe de Prevención y Atención de Conflicto, Gregorio Lanza.