Denuncian caso de extorsión en inspectoría del Ministerio de Trabajo

Proceso. Se trata de dos funcionarios de la repartición ministerial en Santa Cruz.

imageEL DÍA, Santa Cruz, Bolivia

Ref. Fotografia: Autoridad. El ministro Santalla denunció el hecho en Santa Cruz.



Un caso de presunta corrupción en el interior de la Dirección Regional del Trabajo de la ciudad de Santa Cruz, fue dado a conocer ayer por el ministro de este ramo, Daniel Santalla.

La autoridad estatal señaló que los involucrados en este hecho son la exasesora legal de la Dirección Regional de Santa Cruz, y dos inspectores del Ministerio, que habrían exigido la suma de 10.000 bolivianos para agilizar los trámites para la regularización de una empresa de seguridad.

Este es el primer caso de este tipo en la ciudad oriental. En La Paz se reportaron al menos cinco casos de extorsión y  se envió a un exfuncionario del Ministerio de Trabajo a la cárcel de San Pedro.

El ministro señaló que el caso fue denunciado a las instancias judiciales correspondientes.

Denuncias. La autoridad estatal instó a todos los empresarios o personas particulares que hayan sufrido algún tipo de cobros ilegales hacer la denuncia ante el Ministerio de Trabajo.

«Queremos hacer conocer  que no vamos a permitir de ninguna manera esta clase de hechos contra cualquier clase de empresas, no se puede hacer uso abusivo de la autoridad», dijo.

La empresaria denunciante fue identificada como María Isabel Pérez. Los funcionarios involucrados son Rivadina Barrero y Julio Macir Avendaño. Además una exfuncionaria identificada como Miriam Cossío.

Planillas. Con relación al pago del retroactivo correspondiente por el incremento salarial, Santalla apuntó que los empleadores deben presentar hasta el 1 de septiembre las planillas de pago de este beneficio a sus trabajadores.

Hasta ayer el 74 por ciento de las 21.952 empresas registradas en el Ministerio de Trabajo que cuentan con más de un trabajador, cumplieron con la presentación de planillas.

En el departamento de Santa Cruz, el 81% de las empresas registradas legalmente cumplió con esta obligación.