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“Las autoridades de gobierno deben asumir su responsabilidad sobre la pérdida de 18 millones de dólares para el Estado Plurinacional de Bolivia, pero además el riesgo de perder otros 100 millones de dólares adicionales a raíz del incumplimiento de contrato con la transnacional hindú Jindal Steel & Power para la explotación de hierro del Mutún”, exigió el jefe de la bancada de Diputados de Convergencia Nacional (CN), Alex Orozco.
“Con dieciocho millones de dólares Cochabamba podría resolver el problema de acceso al agua ni qué decir del resto de departamentos que necesitan financiamiento para resolver necesidades regionales y ciudadanas insatisfechas”, reclamó Orozco al conocer un fallo de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) a favor de la siderúrgica india que inició un proceso arbitral contra el Estado boliviano por el cobro de dos boletas de garantía por $us18 millones.
“El Procurador General del Estado en vez de ocultarle al pueblo boliviano estos fallos debe informar a la población qué acciones está tomando en defensa del Estado, irónicamente los bolivianos nos tenemos que enterar de las resoluciones de la CCI a través del abogado de la firma Jindal, Jorge Valda”, criticó Orozco.
Pero además, la Jindal demandó al Estado boliviano por 100 millones de dólares por resarcimiento de daños y perjuicios tras la rescisión de contrato en julio de 2012, demanda que fue admitida por la CCI y que está en la fase de presentación de pruebas.
“No hemos producido ni un kilo de hierro y ahora existe el riesgo de que paguemos 100 millones de dólares”, dijo el diputado cochabambino al señalar que el Procurador General del Estado debe presentar un informe oral a la Cámara de Diputados, mientras que el ministro de Minería, César Navarro y el de Economía, Luis Arce Catacora tienen que ser interpelados para rendir cuentas, dar explicaciones al país y asumir responsabilidades sobre esta sangría de recursos del Estado.
El legislador opositor gestionará desde la bancada de CN una interpelación a las autoridades citadas para que informen a la población quienes son los responsables de esta ingente pérdida de dinero, para que digan por qué sucede esto y qué acciones están tomando en defensa del país.
Orozco considera que existen otras autoridades y ex autoridades que también deben rendir cuentas desde el año 2007 cuando la Jindal suscribió un contrato con el Estado boliviano, la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) por $us2.100 millones, para desarrollar y explotar el complejo de hierro del Mutún.
“Deben ser investigadas otras autoridades y ex autoridades de gobierno que participaron del proceso de negociación y firma de contrato con la Jindal, de igual forma debe procederse con aquellas que debieron dar cumplimiento a ese compromiso contractual que fracasó porque el gobierno no proveyó el gas natural para poner en marcha la siderurgia a sabiendas de que no contaba con la producción suficiente del hidrocarburo”, demandó el opositor.
Fuente: Gigavisión