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Los propietarios de los vehículos indocumentados que se reunieron este miércoles en el municipio yungueño de Caranavi determinaron pedir la renuncia de la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, y una compensación de $us 5.000 por sus motorizados.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, exigió a las autoridades competentes meter a la cárcel a los propietarios de vehículos indocumentados que piden una nueva nacionalización, esto debido a que no pagan impuestos y se benefician de la subvención a los carburantes.
El empresario enfatizó que las autoridades públicas deben tomar conciencia de que la actitud asumida por los chuteros es el de tratar de justificar la ilegalidad. Además expresó que se debe cumplir las leyes con relación a dicha ilegalidad.
"Ojalá que les metan presos a los que piden que se nacionalice lo ilegal, eso debería ser (lo correcto), el Gobierno y la Fiscalía (deberían) perseguir a los ilegales y meterlos presos", puntualizó Sánchez.
Los propietarios de los vehículos indocumentados que se reunieron este miércoles en el municipio yungueño de Caranavi determinaron pedir la renuncia de la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, y demandaron la compensación de $us 5.000 por cada uno de sus motorizados.
El pasado 8 de julio, la presidenta de la ANB dijo que se coordina acciones conjuntas con la ANH para restringir la venta de combustible a los vehículos chutos, además de impedirles el acceso a repuestos. Según datos de la ANB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el país circulan alrededor de 33.697 autos ilegales.
"Los ilegales están obteniendo las mismas subvenciones, no pagan impuestos, están circulando por las calles de las ciudades sin tributar a los municipios, o sea estamos manteniendo a unos ilegales a los cuales deberíamos meterlos presos", puntualizó Sánchez.
La Cámara Automotor Boliviana demandó desterrar y considerar como traición a la patria cualquier intento de nacionalizar nuevamente los vehículos indocumentados por el daño que ocasiona al país, según un comunicado de prensa de dicha entidad privada.
Las declaraciones realizadas por Sánchez fueron hechas después de que el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) entregara a la empresa Minera San Cristóbal (MSC) la certificación de su sistema de gestión que abarca una serie de acciones de asistencia, prevención y promoción de la salud de sus trabajadores y de la población que vive en las comunidades de San Cristóbal, Culpina K y Vila Vila de Potosí.
Fuente: Cadena A, La Razón