Hay 202% de hacinamiento en las cárceles de Bolivia

Un informe de la Defensoría del Pueblo revela dramas en las penitenciarías. En Bolivia, hay permanente vulneración de los derechos humanos al no existir suficiente atención médica

imageLa cárcel de Montero es un ejemplo de que los presos sobreviven en situaciones de hacinamiento. Foto: El Norte.

El Deber y Agencias



El hacinamiento, deficiente atención y acceso a la salud, mala alimentación y precaria infraestructura. Estos son los enemigos principales y comunes en las cárceles de países latinoamericanos, y de los que la realidad en Bolivia, no solo que no es la excepción, sino que está punteando el ranquin de las naciones donde la calidad de vida de los presos y la protección de sus derechos humanos está por los suelos.

El informe publicado por la red de comunicación de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), organismo de la cual forma parte la Defensoría del Pueblo de Bolivia, revela un drama silencioso que afecta a los privados de libertad en Latinoamérica.

Según el defensor del Pueblo en Bolivia, Rolando Villena, el informe sobre la situación de los recintos penitenciarios y de las personas privadas de libertad en países como Bolivia, Brasil, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Paraguay, Panamá, Puerto Rico y Nicaragua, provoca alarma y lleva a ratificar la urgente necesidad de asumir acciones para revertir la crisis de los sistemas penitenciarios que se enfrenta.

Sin espacios ni buena salud

Según la FIO, el número de hombres y mujeres privados de libertad en los penales en estos países supera el 39% y el 300% la capacidad de los recintos, “lo que provoca una saturación, especialmente, de los servicios de salud y pone en riesgo la seguridad de los centros penales tanto para el personal administrativo como para el de la Policía y de la propia población penal”.

En Bolivia el hacinamiento se encuentra en alrededor del 202%, pues hay 14.770 personas recluidas cuando la infraestructura carcelaria está diseñada para 4.884 internos.

A esta situación se suma la deficiente o inexistente atención médica y mala infraestructura carcelaria. En Bolivia, esta situación es un indicador permanente de vulneración de derechos humanos al no existir la suficiente cantidad de médicos u otro personal especializado. En el caso de las cárceles de mujeres, cuentan con un solo ginecólogo para todas las reclusas, un médico externo o personal de enfermería.

Entre otros datos de la FIO, está el hecho de que en Bolivia los presos tienen que pagar por un espacio o una cama o por el uso del teléfono.

Adolescentes en la cárcel

Otra preocupación es el aumento de adolescentes privados de libertad, lo cual es considerado “angustiante”. Estos se encuentran detenidos por delitos como robo, hurto, homicidios y violación. La edad de los infractores oscila entre 12 y 17 años. Algunos países, como Bolivia y Brasil, donde no existen centros especializados para ellos o son insuficientes, los adolescentes son recluidos junto a los adultos.

Esta crítica situación ha llevado a las defensorías del Pueblo o instituciones semejantes a emitir recomendaciones a sus Estados que pasan por un uso racional de la prisión preventiva y el uso de mecanismos alternativos como la detención domiciliaria para personas con enfermedades terminales o crónicas.  Otras recomendaciones están referidas al fortalecimiento del tema salud.