Hay 5.676 causas por narcotráfico “durmiendo” en los juzgados de Bolivia

Están a la espera de audiencia conclusiva, juicio oral o de revisión.

Hay 5.676 causas por narcotráfico en los juzgados

imageDos detenidos en un narcolaboratorio en Pailón. En los últimos cinco meses, 162 lograron salir de prisión. foto: Agapito Paco



Tras la revelación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de que varios jueces de Santa Cruz liberaron a 30 reclusos involucrados en narcotráfico, la Fiscalía General desveló que de 6.661 causas por narcotráfico, 5.676 están en trámite en los juzgados, es decir, un 83%, a la espera de la audiencia conclusiva, audiencia de juicio o en revisión de resolución en instancias superiores.

“No es deslindar responsabilidades, pero esas son las estadísticas”, dijo el fiscal general, Ramiro Guerrero, ayer en la presentación de datos que reflejan el movimiento de causas en materia de sustancias controladas de los últimos 13 años, es decir, desde la gestión 2001.

Guerrero dijo que de esta cantidad, 486 están en la fase preliminar de investigación y 499 con imputación, todos estos, en la fase investigativa en manos de los 41 fiscales antinarcóticos en todo el país.

Empero, hay 4.724 causas con acusación en los juzgados que no pueden pasar de la audiencia conclusiva o no puede instalarse la audiencia de juicio oral por diferentes razones.

Otras 952 causas están con apelación y casación. “En el Ministerio Público tienen 985 casos en investigación preliminar y con imputación un 17%, en cambio en los juzgados hay 5.676, que equivale a 83%, que están a la espera de la audiencia conclusiva, juicio oral, apelación y casación”, señaló.

Por regiones

Según las estadísticas del Ministerio Público, el departamento que tiene más casos por narcotráfico es Santa Cruz con 2.835, seguido de La Paz con 1.692, Cochabamba con 1.614, Beni con 275, Chuquisaca con 162, Tarija con 147, Oruro con 140, Potosí con 107 y Pando con 84 casos.

Con estos datos, la autoridad del Ministerio Público volvió a justificar la necesidad de la eliminación de las audiencias conclusivas en un proceso penal que es el ‘cuello de botella’ donde se demoran los procesos por el uso excesivo y abusivo de los incidentes.