Jubilados levantan medidas de presión y declaran cuarto intermedio hasta el 3 de septiembre

SE REUNIRÁN CON EL PRESIDENTE EVO MORALES. El sector se movilizó la jornada de este lunes en demanda de un bono de 3.000 bolivianos y el pago del doble aguinaldo, pedidos que días atrás fueron rechazados por el Gobierno.

imageMovilización de jubilados en la ciudad de La Paz Foto: ABI



La Razón Digital / La Paz

Jubilados y Gobierno declararon hoy en la tarde un cuarto intermedio hasta el miércoles 3 de septiembre en las negociaciones por el pago de un bono de 3.000 bolivianos y el doble aguinaldo, demandas que este lunes activaron una masiva movilización por las calles de La Paz y bloqueo  de vías en otras ciudades del país.

El presidente de la Confederación Nacional de Jubilados, Irineo Rivera, confirmó a La Razón Digital el cuarto intermedio decretado aproximadamente a las 16.00, y tras más de cinco horas de conversaciones con el ministro de Economía, Luis Arce, y el viceministro de Pensiones, Mario Guillen, en el piso 19 del Ministerio de Economía en el edificio de Telecomunicaciones.

«Vamos a retomar el diálogo con el Gobierno el próximo miércoles. Hemos quedado en un cuarto intermedio (…) se suspenden las medidas de presión”, manifestó el dirigente del sector jubilado.

El encuentro con el Gobierno comenzó a las 10.30. Cerca de las 13.00, el secretario de prensa de la Confederación Nacional de Jubilados, René Carvajal, informó a la red ATB sobre el inicio de una huelga de hambre en instalaciones del Ministerio de Economía, medida de presión que finalmente no prosperó.

«Tras más de tres horas de conversaciones no se ha llegado a ningún acuerdo, algunos compañeros se han declarado en huelga y entendemos que ellos van hacer un comunicado”, advirtió. Una hora más tarde, el sector jubilado empezó a replegarse y se levantó el bloqueo instalado sobre la avenida Mariscal Santa Cruz y calles cercanas como la avenida Camacho o calle Bueno.

Los jubilados se movilizaron en demanda de un bono de 3.000 bolivianos y el pago del doble aguinaldo, peticiones que antes habían sido rechazadas por el propio ministro Arce. Las protestas abarcaron a otros puntos del país.

Rivera no descartó que la reunión del próximo miércoles pueda ser con el presidente Evo Morales, ya que existe –dijo- predisponibilidad del ministro  Arce de concertar este encuentro.

“Llegamos a consensuar que vamos a retomar el cuarto intermedio que dejamos en Palacio de Gobierno, a partir de ahí creo que vamos a entendernos, estamos levantando las movilizaciones, hemos tocado el espíritu benevolente del Ministro, por lo menos ahora ha tenido la gentileza de señalarnos que va a conversar con el Presidente», acotó en declaraciones a radio Fides.

Jubilados levantan medidas tras cuarto intermedio con el Gobierno

SE REUNIRÁN CON EL PRESIDENTE EVO MORALES.

Los Tiempos Digital

La Confederación de Jubilados de Bolivia y el Gobierno acordaron hoy un cuarto intermedio en las medidas de presión hasta que los rentistas se reúnan con el presidente Evo Morales, con quien tratarían sus demandas de un bono y un segundo aguinaldo, informó el dirigente del sector Irineo Rivera.

«La agenda se va a dar en los primeros días de septiembre, es decir casi dos semanas para encontrar una fecha apropiada donde el presidente (Evo Morales) esté disponible para consensuar con nosotros, hasta eso se levantan las medidas de presión«, dijo Rivera a radio Panamericana.

El acuerdo fue firmado con el Ministro de Economía, Luis Arce Catacora, y los dirigentes del sector, luego de una reunión que se extendió desde la mañana en la Sede de Gobierno, e incluiría una reunión con el Presidente.

Los rentistas exigen al Gobierno que se les otorgue un «Bono del Jubilado» de tres mil bolivianos anuales y que sean beneficiados con el segundo aguinaldo como los trabajadores activos. Este beneficio se otorga a todos los trabajadores cada vez que el PIB anual crece más de 4,5 por ciento. Este año se prevé que sea de 5,5 por ciento.

Entretanto, el ministro Arce dijo en la mañana que aceptar las exigencias de los jubilados significaría al país 92 millones de dólares cada año, que, aseguró, pondrían en riesgo la inversión pública.