Emilio J. Cárdenas*
Los sancionados ya no podrán visitar los Estados Unidos, desde que sus visas han sido expresamente revocadas
Mientras Sudamérica, hoy absolutamente encerrada en si misma, mantiene un lamentable silencio cómplice acerca de las constantes violaciones de los derechos humanos de los venezolanos, los Estados Unidos, acaban de sancionar a un listado de diversos funcionarios del gobierno venezolano, así como a oficiales de sus fuerzas armadas, de seguridad y policiales que son los responsables de esas violaciones y, más aún, de la represión arbitraria, excesiva y violenta de las protestas callejeras de los grupos opositores por la absolutamente desastrosa situación económico-social imperante en Venezuela. Esas violaciones vienen reiterándose desde el mes de febrero pasado.
El insólito Canciller venezolano, Elías Jaua, frente a esto, reaccionó a su típica manera, calificando a la inusual medida sancionatoria norteamericana de acción “inmadura”. De no creer. Pero eso es lo que Jaua dijo.
El anuncio formal de la imposición de las sanciones norteamericanas lo formuló la portavoz del Departamento de Estado de los EEUU, Marie Harf. No mencionó nombres. Pronto seguramente ellos se conocerán. Y apuesto a que ninguno de ellos vale demasiado. Pero trascendió que hay, entre ellos, oficiales de alto rango de la Guardia Nacional y de la policía. También políticos, cuyo listado también se mantiene, por ahora al menos, en reserva. Los sancionados ya no podrán visitar los Estados Unidos, desde que sus visas han sido expresamente revocadas.
Para Harf: “quienes cometen abusos, no serán bienvenidos en los Estados Unidos”. No debieran serlo en ninguna parte de nuestro continente, ciertamente. Pero nuestros gobiernos, complacientes, miran para otro lado. Haciéndose los tontos. Por ello, no sorprende que la mencionada Marie Harf haya agregado a sus dichos que las sanciones: “demuestran nuestro compromiso de responsabilizar a los individuos que cometen abusos de los derechos humanos”. Compromiso que debiera ser imitado a lo largo y ancho de América Latina.
Mientras tanto, el abogado del popular dirigente opositor Leopoldo López -que permanece todavía detenido por Nicolás Maduro- Jared Genser, acaba de solicitar expresamente su apoyo al Relator Especial sobre “Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” de la ONU, Juan E. Méndez. Lo hizo ante la certeza de que López está siendo sometido inhumanamente a “tortura psicológica”. A lo largo de cinco meses, López ha estado preso y aislado casi todo el tiempo. Incomunicado, entonces. Estuvo además durante tres meses totalmente privado de ver la luz natural. Se le han negado todo tipo de visitas, por espacio de seis semanas. Sin razón alguna real. No puede recibir llamadas telefónicas de su familia. Y no ha podido siquiera tener comunicación confidencial alguna con sus abogados. El juicio en su contra aún no ha comenzado. No es poco, como manifestación de odio y ensañamiento contra quien es apenas un prisionero de conciencia.
Juan E. Méndez, recordemos, es un ex prisionero político en la Argentina. Por su conocida militancia ideológica, dudamos -desgraciadamente- que realmente esté dispuesto a hacer algo concreto en la emergencia. Mucho. Ojalá que nos equivoquemos. No obstante, lo cierto es que el tiempo dirá. Como suele ocurrir.
*Ex embajador de Argentina ante Naciones Unidas
El Diario Exterior – Madrid