Tumbando a los ‘no-alineados’

Alejandro Brown I.*

ALEBROWN Desde que inició el régimen del Movimiento al Socialismo en el 2005, su objetivo fue sacar del camino todas las piedras que le estorbaban para dejar expedita la ruta hacia el totalitarismo, y lo continúa haciendo. Empezó encarcelando a los opositores y amedrentando a sus familias; persiguiendo a quienes disentían a su gobierno; tumbando alcaldes, gobernadores y concejales electos democráticamente por el pueblo, y hoy destituyendo a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se opusieron a la re-reelección presidencial.

Para todos los casos, el MAS se inventó burdas excusas con el fin de llevar adelante su maléfico plan, como la inconstitucional Ley Marco de Autonomías que defenestró con sus artículos a alcaldes y concejales electos por el voto popular en todo el territorio nacional, más los gobernadores del Beni, Ernesto Suárez, y de Tarija, Mario Cossío. Gracias a esto, dejó sin alcaldes a Warnes y La Guardia, otrora municipios modelos que ahora están sumidos en el atraso por culpa de las autoridades masistas puestas a dedo.



Además, Evo Morales creó el caso Rózsa con el único fin de perseguir a las familias cruceñas y desmembrar a la media luna opositora. A consecuencia de esta falacia, existen casi 1.000 bolivianos que viven en el exilio producto de la dictadura más sañuda tras la ejecución extrajudicial de tres personas en el Hotel Las Américas (16 de abril de 2009), además de una treintena de detenidos injustamente por más de cinco años, sin sentencia, sin pruebas y violentando todos su derechos constitucionales y humanos.

En torno a la suspensión de las dos magistradas del Tribunal Constitucional, es una maniobra política y de revanchismo porque fue el MAS que puso a los jueces para enjuiciar a los opositores, pero cuando se opusieron a la re-reelección, mandó a defenestrar a los magistrados no serviles al gobierno autoritario, con la excusa de que se opusieron a la Ley de Notariado.

Los tribunos Ligia Velásquez, Gualberto Cusi y Soraida Chánez, son las nuevas víctimas de la ‘dictadura moderna’ de Evo Morales al oponerse a la manipulación en la administración judicial.

Este juicio político por parte del Movimiento al Socialismo acaba con la poca institucionalidad del Órgano Judicial. Además como mecanismo de defensa se presentó ante la Asamblea una excepción de incompetencia del Legislativo para juzgar supuestos delitos a magistrados del TCP, asimismo de una acción de inconstitucionalidad concreta, ya que la única entidad para impartir justicia es el Órgano Judicial.

“Es un proceso político, porque estamos siendo juzgados por una instancia política. Se ha quebrantado la institucionalidad y la seguridad jurídica y el estado democrático constitucional de derecho en el cual se basa la Constitución”, sostuvo Ligia Velásquez.

Lo que pretende con esto el régimen evista es retomar el control del Tribunal Constitucional Plurinacional para buscar la reelección indefinida del líder cocalero.

Lo más alarmante de todo esto, es que el mismo vicepresidente Álvaro García Linera admitió que la elección de magistrados del Órgano Judicial a través del voto ciudadano no fue suficiente para reformar la justicia, por lo que el gobierno considera nuevos mecanismos para la selección de postulantes a tribunos. Dicho de manera simple, el vicepresidente pretende quitarle la independencia al Tribunal, que sea el Gobierno quien elija a los magistrados, y que además estén alineados al partido, porque de otra forma serán severamente castigados por el MAS. ¿Qué clase de justicia vamos a tener así?, si todos los poderes van a estar sometidos al látigo de Evo Morales.

Linera fue más allá en este contexto al afirmar que en el próximo mandato del MAS se modificará la Constitución Política del Estado con el objetivo de definir otras formas de elección de autoridades judiciales. Al hacer esto, se abrirá nuevamente la ruta para modificar la Carta Magna a su antojo y moldearla a la imagen y semejanza de Juan Evo Morales Ayma.

En octubre del año 2011, la población boliviana eligió mediante el voto a las autoridades judiciales del Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia. No obstante, no cambió la tradicional manera de administrar justicia y más bien se sumergió en una profunda crisis por culpa de la mano negra de Morales.

Ahora, no es de extrañar que el mismísimo líder cocalero haya criticado en más de una ocasión a la justicia boliviana, reconociendo públicamente que es la peor de todos los tiempos. Pero cómo no lo va a hacer, si su intención es desprestigiar todo el sistema judicial para tener la excusa de reformularlo acorde a sus intereses. He ahí el detalle. Porque si realmente el presidente creyera que en el país existen muchas injusticias, por qué entonces su gobierno tiene más de 1.000 exiliados y decenas de presos políticos.

Recordemos cuando Evo Morales abrió la polémica al respecto, el 11 de febrero pasado, manifestando que la retardación de justicia y la corrupción son el "cáncer” del sistema judicial boliviano y que poner "poncho y pollera” no cambió nada. Admitió que a pesar de la primera elección de magistrados en el Órgano Judicial, persisten los problemas en algunas estructuras del Estado Plurinacional y uno de ellos es la justicia boliviana.

La única forma de devolverle al Poder Judicial su independencia, institucionalidad y dignidad para recuperar su deteriorada imagen frente a la ciudadanía boliviana, es respetando su autonomía y que el gobierno no meta mano en el proceso, como lo hace el MAS.

El candidato opositor Samuel Doria Medina claramente lo dijo: “El que ha organizado el desbarajuste en la Justicia en Bolivia es Evo Morales. Los responsables de todos los problemas son ellos, se han convertido en parte del problema y por eso la solución es cambiar a Evo Morales el 12 de octubre”.

Ciertamente, cuando hubo la elección por voto popular de magistrados renació la esperanza, pero lo que hizo el MAS fue poner a militantes de su partido en la justicia, primero para controlarla y, segundo, para perseguir a sus opositores; y cuando estos se salieron de línea dictatorial, ahora el Gobierno quiere otro mecanismo para controlar a los tribunos.

Asimismo, la determinación de suspender a las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional, es parte del plan electoral del MAS en su intento de hacer creer a la población que se están asumiendo medidas para cambiar la justicia.

Sin embargo, el pueblo ya no quiere seguir con la dictadura del gobierno, con la persecución, con el amedrentamiento a la prensa libre y con la intención que quedarse en el poder para siempre. De qué sirve nuestro voto, cuando este gobierno lo echa al tacho porque las autoridades que elegimos no están alineadas al MAS. Es momento de cambiar. De decir basta. De que Bolivia tenga una nueva administración y verdaderos gobernantes que trabajen por la unidad y progreso de todos los bolivianos.

“Amnistía general e irrestricta para todos los procesados, presos y exiliados políticos bolivianos".

*Perseguido político