Maggy Talavera
Lo reveló el ministro de Gobierno, Jorge Pérez, en la conferencia de prensa brindada tras la detención del asesino de Sophia Calvo. Pero este dato, como otros que apuntan a la responsabilidad de los dueños y funcionarios del Parqueo Cañoto, parecen haber pasado desapercibidos en la cobertura informativa del crimen.
Uno de los policías que estaban a cargo de custodiar el cadáver de Sophia Calvo (26) tuvo su teléfono celular decomisado por otros funcionarios, luego de ser sorprendido intentado fotografiar el cuerpo de la víctima. El policía confesó, según el ministro de Gobierno, Jorge Pérez, que la foto iba a ser entregada a un medio de comunicación, a cambio de 150 dólares.
El dato fue proporcionado el ministro Pérez en la conferencia de prensa que ofreció el domingo 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, un día después de que la Policía detuvo a Ronald Iván Fernández Chambi (21) en la tranca de control de Paila, en la ruta que une la capital cruceña al Este de Santa Cruz. Fernández iba al mando del auto Kia color blanco, placa 3597-BFP, de propiedad de Sophia, en cuyo maletero yacía el cuerpo inerte de la joven bioquímica.
En la conferencia, que duró varios minutos y en la que Pérez presentó al asesino de Sophia, hubo varias preguntas de los reporteros presentes, pero ninguno demandó del ministro el nombre del policía sobornado ni del medio que ofreció el soborno, como sí lo hicieron al pedir detalles de otros dos policías que liberaron a Fernández la madrugada del sábado, previo al pago de una coima de 380 bolivianos, tras un control de rutina.
Los policías patrullaban en moto e interceptaron a Fernández -que conducía el auto de la víctima-, le pidieron la licencia de conducir y, al no tener una, lo condujeron hasta la comisaría de la Villa Primero de Mayo, desde donde finalmente lo liberaron, sin haber requisado el vehículo y sin percatarse que había un cadáver en el maletero. Los policías alegaron que habían liberado a Fernández “por ser primera vez” que era detenido, pero luego se verificó que hubo coima de por medio.
Los dos policías fueron identificados como sargento Cecilio Villca Silvestre y cabo Jaime Flores Conde, y remitidos al Tribunal Disciplinario de la Policía, junto al comandante del Distrito Policial 5, coronel Jhonny Rojas; el jefe de seguridad, subteniente Reynaldo Flores Aliaga; y el comisario de servicio, suboficial Leandro Chauca Forra. El proceso se ha dilatado, a diferencia del juicio abreviado instalado en contra del asesino y que a menos de 48 horas del crimen lo condenó a la pena máxima de30 años, sin derecho a indulto.
En el caso del policía sorprendido queriendo fotografiar con su celular el cadáver de Sophia, para entregarla imagen a un medio de comunicación a cambio de 150 dólares, no hubo preguntas: se ignora la identidad del mismo, así como la del medio o de las personas que lo contactaron en nombre de ese medio, y menos aun si hubo o no sanción, más allá del decomiso del celular, para un hecho muy grave.
Y el Parqueo, ¿no tiene responsabilidad?
Los persistentes requerimientos informativos tampoco hicieron hincapié en otro dato no menor en el asesinato que conmocionó a los vecinos de la ciudad: la responsabilidad del o de los dueños del Parqueo Cañoto, así como la de sus funcionarios. Es más, en los primeros reportes no se precisó siquiera el nombre del parqueo, se informó que “no se encontró al dueño” y se omitió las carencias del servicio, señaladas brevemente por el ministro Pérez al dar el informe detallado del caso.
El ministro fue muy cauto al referirse al Parqueo, y generalizó las carencias del mismo al compararlo con otros estacionamientos privados. Pese a ofrecer en su publicidad servicios de calidad y alta seguridad, con cámaras de vigilancia y monitoreo, el Parqueo Cañoto no tiene cámaras en todas sus instalaciones, y las que existen no cuentan con un central de monitoreo con memorias, como apuntó el ministro en la rueda de prensa.
No es un dato menor, habrá que insistir, ya que el crimen fue cometido dentro del Parqueo y por un trabajador responsable de atender a los clientes que pagan por sus servicios. Era un lugar en el que la víctima, Sophia Calvo, creía estar segura. Tanto que al llegar al Parqueo, luego de salir de su trabajo en el IBC, ella liberaba al guardia del Instituto Bioquímico Clínico que la acompañaba en el recorrido de las dos cuadras y medias que separan al IBC del Parqueo.
Tareas pendientes
A una semana del crimen, y a pesar de que el autor principal del mismo ya está preso, hay retos planteados por el hecho que están pendientes de ser encarados y resueltos: el proceso y sanción a los cinco policías de la comisaría de la Villa Primero de Mayo; la identificación, proceso y sanción para los responsables del control de las dos trancas de control que Fernández burló el sábado antes de llegar a Paila, así como para el policía que había aceptado ser sobornado por un medio para fotografiar a la víctima.
Otra tarea pendiente, y no de menor importancia, es una acción desde los gremios de trabajadores de la prensa y medios de comunicación para aclarar cuál o cuáles medios están incurriendo en graves violaciones a las normas éticas que deben regirlos, como lo es sin duda sobornar a funcionarios públicos o particulares para obtener imágenes de las víctimas de la violencia, con el único afán de ganar rating a cualquier precio.
También queda pendiente un sinceramiento respecto a la campaña Chacha Puma que el Gobierno anunció con la Policía para mejorar la seguridad ciudadana. ¿Es cierto que el plan tiene una “hora de cierre”, como dio a entender el ministro Pérez al decir en la misma conferencia de prensa que la campaña cerró a la una de la madrugada el sábado retrasado? Si bien el crimen ocurrió en un recinto privado y no en la calle, ¿no hay responsabilidad policial en lo que sucedió luego del hecho, con el asesino libre y circulando durante horas por las calles de la ciudad?
Y una tarea más, entre muchas: concienciar a la población sobre el grave problema que soportan sobre todo las mujeres, el de la violencia con o sin desenlace fatal, y que refleja ya una pandemia, como lo afirma Patricia Flores en su artículo “La pandemia del feminicidio”.
Semanario Uno – Santa Cruz